El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA) ha acordado suspender cautelarmente la tramitación del procedimiento de adjudicación del contrato del servicio de estacionamiento regulado de Zaragoza, conocido como la zona azul y naranja, tras admitir a trámite el recurso presentado por la UTE formada por Eysa y MLN, segunda clasificada en el concurso.
La suspensión afecta a un contrato valorado en más de 90 millones de euros y con una duración cercana a los once años. El tribunal deberá resolver ahora sobre el fondo del recurso y determinar si procede o no mantener la adjudicación provisional a la UTE integrada por Indigo Park y Valoriza Servicios Medioambientales.
El recurso cuestiona la oferta de la adjudicataria provisional
Según el recurso presentado por Eysa-MLN, la oferta de la adjudicataria provisional incumpliría varios de los requisitos exigidos en el pliego de condiciones y debería haber sido excluida del procedimiento.
Las empresas recurrentes denuncian además haber sufrido una situación de "indefensión" al no poder acceder a la mayor parte de la documentación presentada por la UTE ganadora. Según sostienen, únicamente pudieron consultar menos del 15% del contenido de la oferta, mientras que más de 400 páginas permanecían censuradas al haberse declarado confidenciales por supuestos secretos comerciales e industriales.
En su recurso también cuestionan que la propuesta incluya instalaciones que, a su juicio, no serían utilizables para la ejecución del contrato, como el aparcamiento de la plaza Salamero o las oficinas de la actual concesionaria.
La decisión del TACPA no supone la anulación de la adjudicación, sino la paralización cautelar del procedimiento mientras analiza el expediente y resuelve el recurso presentado.
El PSOE habla de un nuevo "fracaso" del Gobierno de Chueca
El concejal socialista Chema Giral ha calificado la decisión del TACPA como un nuevo "varapalo" para el Gobierno municipal de Natalia Chueca y la ha enmarcado en lo que considera una sucesión de "fracasos" durante el actual mandato.
El edil ha recordado el contrato del autobús urbano, cuya licitación tuvo que reiniciarse tras una resolución judicial, y ha acusado al Ejecutivo municipal de priorizar "el marketing, la propaganda y los grandes eventos" frente a la gestión de los servicios públicos.
Asimismo, ha citado otros asuntos como Giesa, el Parque de Atracciones o el caso del SPA de Ranillas —el SPAgate— para sostener que el Gobierno del PP atraviesa una etapa marcada por los problemas de gestión.
Zaragoza en Común vincula el caso a otros contratos cuestionados
La portavoz de Zaragoza en Común, Elena Tomás, también ha cargado contra el Gobierno municipal y ha considerado que la suspensión de la adjudicación es una muestra más de su "mala gestión". A su juicio, "cada semana conocemos una chapuza nueva", y también ha relacionado este nuevo episodio con otros asuntos como el Parque de Atracciones o el SPA de Ranillas.
Tomás ha advertido de que estas situaciones tienen consecuencias para las arcas públicas y para los servicios que recibe la ciudadanía y ha criticado que, "detrás de las luces, los eventos y las fotos de Instagram, hay un gobierno nefasto". La portavoz de ZeC ha comentado la noticia en su cuenta de X añadiendo la etiqueta "Fracasos Chueca".
El Ayuntamiento defiende la legalidad del procedimiento
El Gobierno de Zaragoza ha rechazado las críticas de la oposición y ha defendido la actuación municipal. La consejera de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, ha recordado que la admisión a trámite del recurso no implica la anulación de la adjudicación y ha insistido en que será el TACPA quien deba pronunciarse sobre el fondo del expediente.
El Ejecutivo municipal sostiene que el procedimiento de contratación se ha desarrollado con todas las garantías y ha reiterado su confianza en el trabajo realizado por los servicios técnicos.
Sin embargo, la suspensión cautelar de la adjudicación se suma a una sucesión de polémicas que han marcado los últimos meses del Gobierno municipal del PP, sostenido con el apoyo de la ultraderecha —Vox y la concejala no adscrita—. La decisión del TACPA llega, además, en la víspera del debate sobre el estado de la ciudad, el último de la legislatura, donde previsiblemente la oposición pondrá este caso junto a otros como el SPA de Ranillas, el Parque de Atracciones o Giesa para cuestionar la gestión de Natalia Chueca.
