Los ayuntamientos de L'Aínsa-Sobrarbe y Biescas han denunciado la decisión del Gobierno de Aragón de cerrar la puerta a la declaración de zonas de mercado residencial tensionado. Una negativa que, según sus alcaldes, Enrique Pueyo y Lorena Cajal, supone “abandonar” a municipios que sufren una fuerte presión turística y crecientes dificultades para garantizar el acceso a la vivienda.
La respuesta llega después de que el Consejo de Gobierno presidido por Jorge Azcón aprobara este martes rechazar la aplicación de esta figura prevista en la Ley estatal de Vivienda. El consejero de Vivienda, Octavio López, en representación del Ejecutivo aragonés, justificó la decisión en una sentencia del Tribunal Constitucional que reconoce la competencia de las comunidades autónomas para decidir sobre estas declaraciones y defendió que su aplicación ha tenido un “balance negativo” en otros territorios como Catalunya.
Sin embargo, desde L'Aínsa y Biescas sostienen que la medida deja sin herramientas a los municipios que habían solicitado acogerse a esta declaración precisamente por la situación que atraviesan sus vecinos y vecinas.
“El Gobierno de Aragón de Jorge Azcón no tiene ningún interés en solucionar el problema de la vivienda en municipios que cuentan con una gran presión turística”, han denunciado Enrique Pueyo y Lorena Cajal, que consideran que la negativa del Ejecutivo “va claramente contra quienes vivimos en estos municipios”.
“No respeta la autonomía de los ayuntamientos”
Los consistorios de L'Aínsa-Sobrarbe y Biescas aprobaron a comienzos del mes de junio solicitar al Gobierno de Aragón la tramitación como zonas de mercado residencial tensionado. El objetivo, explican, era que sus habitantes pudieran contar con prioridad para acceder a ayudas estatales y autonómicas vinculadas a vivienda asequible y alquiler social.
“Se aprobó y registramos las solicitudes”, recuerda el alcalde de L'Aínsa-Sobrarbe, Enrique Pueyo, que lamenta que “más de un mes después nos enteramos de que nos niegan esa posibilidad”.
La alcaldesa de Biescas, Lorena Cajal, acusa al Ejecutivo de Azcón de ignorar las demandas trasladadas desde el territorio: “El gobierno aragonés no respeta la autonomía de los ayuntamientos. Los alcaldes y alcaldesas transmitimos las necesidades que hay en nuestros pueblos y la respuesta del consejero Octavio López es decir no”.
Ambos representantes municipales reprochan además al responsable de Vivienda que haya “cerrado la puerta a cualquier posibilidad de encuentro o diálogo con los ayuntamientos”. “Negarse a esto es negarse a escuchar las necesidades de los habitantes de estos pueblos”, subrayan.
Vivienda inaccesible en municipios con alta presión turística
Aínsa y Biescas advierten de que la situación del Pirineo aragonés requiere medidas específicas ante el impacto del turismo, las segundas residencias y los alojamientos de uso vacacional sobre el mercado inmobiliario.
“Esto supone unos precios muy lejos de las posibilidades de quienes aquí viven o de personas que por ejemplo vienen a trabajar a estos pueblos”, explican Pueyo y Cajal.
Para ambos alcaldes, la decisión del Gobierno PP-Vox responde más a una confrontación política con el Ejecutivo estatal que a la realidad de los municipios afectados. “El gobierno aragonés no está gestionando las necesidades de los aragoneses, está haciendo oposición con una ley estatal solo por el hecho de que la ha aprobado el gobierno central”, denuncian.
En este sentido, critican el modelo de vivienda defendido por el Ejecutivo de Azcón y recuerdan el caso de Uesca, donde —según señalan— un acuerdo municipal permitió elevar los precios previstos de vivienda de alquiler asequible en la zona de Las Harineras, pasando de poco más de 500 euros a superar los 800 euros mensuales.
Para los ayuntamientos afectados, la negativa de la DGA supone renunciar a intervenir en un mercado que está expulsando población residente de algunos municipios pirenaicos y dificultando que quienes trabajan en ellos puedan también vivir allí.
