El inicio de las oposiciones al cuerpo de maestras y maestros en Aragón llega, este sábado 20 de junio, acompañado de una batería de críticas por parte de los sindicatos CGT Enseñanza y STEA. Ambas organizaciones denuncian la insuficiencia de las plazas ofertadas, cuestionan el actual modelo de acceso a la función pública docente y alertan sobre las condiciones en las que se desarrollará el proceso, tanto para las personas aspirantes como para quienes integran los tribunales calificadores.
Cerca de 7.400 opositoras y opositores concurrirán a las pruebas para optar a una de las 305 plazas convocadas en ocho especialidades. Una cifra que, según los sindicatos, resulta claramente insuficiente para responder a las necesidades reales de los centros educativos públicos aragoneses y reducir la elevada tasa de interinidad que continúa afectando al sistema educativo.
CGT denuncia que Magisterio quedó fuera de la estabilización
Desde CGT Enseñanza, segundo sindicato de la enseñanza pública aragonesa, critican especialmente el número de plazas ofertadas y recuerdan que el cuerpo de maestros y maestras quedó prácticamente excluido de los procesos extraordinarios de estabilización desarrollados en los últimos años.
José Luis Ruiz, portavoz de la organización sindical, sostiene que el colectivo docente de Primaria fue uno de los grandes perjudicados de esos procesos. Según explica “quedó al margen del proceso de estabilización en Aragón, ya que solo se ofertaron cuatro plazas de alemán”.
Para el sindicato, lejos de corregir esa situación, la actual convocatoria mantiene el problema estructural de la temporalidad. Ruiz considera que “la administración no ha hecho un esfuerzo por sacar una oferta generosa, al convocar un escaso número de plazas que perpetúa el alto porcentaje de interinidad en el profesorado aragonés, así como unas plantillas raquíticas para las crecientes necesidades que nos encontramos en los centros”.
Por ello, CGT reclama tanto al Ministerio de Educación como al Departamento de Educación del Gobierno de Aragón la puesta en marcha de un nuevo proceso extraordinario de estabilización. “Exigimos tanto al ministerio como al Departamento de Educación que trabajen en pos de un nuevo proceso de estabilización que termine con la situación en fraude de ley en la que se encuentra buena parte del profesorado”, señala el representante sindical.
Exigencia de transparencia en las calificaciones
Otra de las principales reivindicaciones de CGT se centra en la transparencia del procedimiento evaluador. El sindicato denuncia que las personas opositoras continúan sin disponer de información suficiente sobre los criterios concretos que utilizarán los tribunales para valorar las diferentes pruebas.
Por ello, exigen a la Dirección General de Personal y a la Inspección Educativa la publicación de las rúbricas de evaluación completas y detalladas antes del desarrollo de las pruebas o, como mínimo, antes de la apertura del periodo de alegaciones.
“La poca transparencia que hay en Aragón en cuanto a la calificación de las pruebas y las posibilidades de los y las opositoras para realizar alegaciones” es, según CGT, una de las principales carencias del sistema. El sindicato reclama que “las rúbricas se publiquen antes del proceso, o al menos, antes del plazo para realizar las alegaciones a las calificaciones” como se hace en otros países.
Un modelo de acceso “caduco y agotado”
CGT y STEA coinciden también en sus críticas al modelo de oposiciones vigente. Para ambas organizaciones, se trata de un sistema diseñado hace décadas y alejado de la realidad educativa actual. José Luis Ruiz asegura que su sindicato lleva años alertando de los problemas que presenta “el actual modelo de acceso a cuerpos docentes, un modelo caduco y con evidentes muestras de agotamiento”.
Entre las deficiencias señaladas destacan los temarios que consideran obsoletos, ejercicios prácticos que, a su juicio, tienen escasa relación con el trabajo docente cotidiano, criterios de evaluación poco adaptados a las características reales de las pruebas y unas condiciones de preparación que califican de insuficientes tanto para los tribunales como para las personas aspirantes.
Por su parte, STEA define las oposiciones como “un tipo de oposiciones obsoletas y cuestionadas desde hace tiempo” y reclama una reforma profunda del sistema de acceso a la función pública docente.
Mejora parcial frente al calor tras las denuncias sindicales
Uno de los aspectos que centra la atención en esta convocatoria es la climatización de los espacios donde se celebrarán los exámenes. CGT recuerda que la primera prueba se realizará por primera vez en instalaciones climatizadas en Zaragoza gracias al acuerdo alcanzado con la Universidad de Zaragoza tras las denuncias presentadas el año pasado por las altas temperaturas registradas durante las oposiciones de Secundaria.
El sindicato destaca que esta mejora llega después de la denuncia interpuesta ante la Inspección de Trabajo en junio de 2025, cuando opositoras y miembros de tribunales tuvieron que soportar temperaturas extremas.
Sin embargo, tanto CGT como STEA consideran “insuficientes” las medidas adoptadas. Desde CGT lamentan que la solución no se haya extendido a las sedes de Uesca y Teruel, mientras que STEA denuncia que la climatización solo alcanzará a una parte de las especialidades convocadas.
Según los datos aportados por los sindicatos, únicamente dispondrán de espacios climatizados Educación Infantil, Educación Física y parte de los tribunales de Educación Primaria, concretamente nueve de los catorce existentes.
Las previsiones meteorológicas para la jornada del sábado apuntan además a temperaturas máximas de hasta 39 grados en Zaragoza, 37 grados en Uesca y 35 grados en Teruel.
STEA denuncia “condiciones indignas” para los tribunales
Buena parte de las críticas de STEA se centran en la situación de los maestros y maestras que formarán parte de los tribunales calificadores. La organización considera una “discriminación injustificable” que quienes evalúan estas oposiciones perciban menos de 40 euros brutos diarios por su trabajo, mientras que los miembros de tribunales de otras oposiciones dependientes del Gobierno de Aragón reciben alrededor de 80 euros por jornada.
“El Gobierno de Aragón abona solamente el mínimo establecido por el Ministerio de Educación, pero rechaza nivelar esta cantidad con una retribución aragonesa para evitar discriminaciones injustificables”, denuncia el sindicato.
A ello se suma, según STEA, la duración de las jornadas laborales, que pueden extenderse de ocho de la mañana a ocho de la tarde durante semanas. La organización sostiene que estas jornadas de doce horas vulneran tanto la jornada semanal establecida para el personal público aragonés como los límites fijados por la legislación laboral.
Por ello reclaman que las horas que exceden la jornada ordinaria “sean reconocidas y compensadas como horas extraordinarias”.
Gastos adelantados y retrasos en los pagos
STEA denuncia también que las personas integrantes de los tribunales deben adelantar gastos derivados de desplazamientos y manutención, que sitúan en torno a 600 euros de media.
A esta situación se añade el retraso en el cobro de las indemnizaciones. Según el sindicato, los pagos pueden demorarse hasta un año, obligando además a presentar declaraciones complementarias de la renta al corresponder a ejercicios fiscales anteriores.
La organización denuncia igualmente problemas relacionados con la prevención de riesgos laborales, la calidad de algunos alojamientos utilizados durante el proceso, la falta de tiempo suficiente para preparar las correcciones y la ausencia de instrucciones claras para desarrollar su trabajo.
Asimismo, critican que el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón haya rechazado solicitudes de exención para formar parte de tribunales presentadas por docentes con responsabilidades de cuidados de menores o personas mayores.
Reclaman descentralizar las pruebas y sacarlas del verano
Entre las propuestas planteadas por STEA figura la descentralización de los tribunales, de manera que todas las especialidades cuenten con sedes en Zaragoza, Uesca y Teruel. El sindicato considera que esta medida reduciría desplazamientos, gastos y riesgos asociados a los largos trayectos que actualmente deben realizar tanto opositores como examinadoras.
La organización sindical sostiene que bastaría con que las personas aspirantes indicaran una comarca de preferencia para distribuir los tribunales entre las capitales aragonesas.
También defienden trasladar las oposiciones fuera del periodo estival, siguiendo ejemplos como el de Catalunya, donde estos procesos se desarrollan durante el segundo trimestre del año.
Según STEA, celebrar las pruebas fuera de los meses de más calor mejoraría las condiciones de trabajo, evitaría situaciones de riesgo asociadas a las altas temperaturas y contribuiría a dignificar unos procesos selectivos que consideran fundamentales para el futuro de la educación pública.
Mientras miles de aspirantes ultiman la preparación de la primera prueba, ambos sindicatos coinciden en una misma conclusión: el actual modelo de oposiciones docentes necesita una reforma profunda que garantice unas condiciones adecuadas para quienes aspiran a ejercer la docencia y para quienes tienen la responsabilidad de evaluar su acceso a la función pública.
