Han pasado 24 horas desde que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón suspendiera cautelarmente la concertación del Bachillerato impulsada por PP y Vox. Tras un día de silencio, el Gobierno de Aragón ha comparecido este viernes para asumir el frenazo judicial y anunciar que volverá a intentar sacar adelante la medida, aunque ya no podrá hacerlo para el curso 2026/27.
La respuesta del Ejecutivo PP-Vox ha llegado tras una reunión celebrada este viernes entre la vicepresidenta Mar Vaquero, la consejera de Educación Carmen Susín y representantes de la enseñanza concertada aragonesa. En el encuentro participaron FSIE Aragón, USO Aragón, Fecaparagón, CECE Aragón y Escuelas Católicas de Aragón.
Tras analizar el auto del TSJA, el Gobierno ha querido trasladar un “mensaje de tranquilidad” a los centros afectados y ha anunciado que no recurrirá la suspensión cautelar. Según explica la DGA, la decisión responde a una cuestión de “responsabilidad” y de “seguridad jurídica para las familias”.
El Gobierno PP-Vox mantiene su apuesta por la concertación
Sin embargo, lejos de renunciar a la medida, el Ejecutivo de Jorge Azcón mantiene intacta su apuesta por financiar con fondos públicos el Bachillerato concertado. Vaquero y Susín defendieron la concertación como una decisión “legítima” de planificación educativa y anunciaron que el proceso volverá a iniciarse desde cero para intentar aplicarlo en el curso 2027/28.
El Gobierno PP-Vox sostiene que la concertación del Bachillerato responde a la “libertad de elección de las familias” y niega que suponga un perjuicio para la red pública. Además, justifica que la orden fuera aprobada por un Gobierno en funciones alegando que era “imprescindible” para cumplir los plazos del proceso de escolarización. Una explicación que choca frontalmente con el criterio expresado por la mayoría del TSJA, que considera que la administración no acreditó circunstancias extraordinarias ni urgentes que justificaran esa actuación.
Vaquero llegó incluso a contraponer la defensa de la medida con lo que calificó de “sectarismo” y “partidismo” de quienes recurrieron la orden y lograron su suspensión cautelar.
La escuela pública celebra la suspensión
La reacción del Gobierno aragonés llega un día después de que las 17 organizaciones que recurrieron la orden comparecieran en la sede de la FABZ para celebrar el auto del TSJA. Sindicatos, organizaciones educativas, vecinales y fuerzas políticas calificaron la resolución como una importante victoria de la escuela pública y defendieron que el tribunal ha dado la razón a uno de los argumentos centrales del recurso: que un Gobierno en funciones no podía impulsar una medida de este alcance.
“Compartimos esta alegría con todas las personas y colectivos que defienden la escuela pública”, señalaron durante la rueda de prensa celebrada este jueves.
Las entidades, representadas jurídicamente por la abogada Paula Hormigón, destacaron además que el auto reconoce la legitimidad de las organizaciones recurrentes, cuestiona la planificación educativa contenida en la orden y rechaza la exigencia de una caución millonaria solicitada por las patronales de la concertada.
La suspensión cautelar ha sido celebrada también por distintas fuerzas políticas. La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, destacó que “la justicia ya ha hablado” y sostuvo que ahora existen 57 millones de euros disponibles para atender las necesidades reales de la educación aragonesa.
Desde CHA, Isabel Lasobras celebró que la justicia haya frenado la concertación del Bachillerato y defendió que se priorice “la educación de todas y todos, no los intereses privados”. La coordinadora de Izquierda Unida Aragón, Marta Abengochea, reclamó a la consejera Carmen Susín que deje de “despreciar las camisetas verdes que hoy han ganado” y reivindicó el papel de la educación pública como garante de cohesión social e igualdad.
Por su parte, Tomás Guitarte, de Aragón Existe, calificó la jornada como “un buen día para la libertad de elegir estudiar con calidad vivas donde vivas”. Desde Zaragoza en Común, Elena Tomás consideró que la resolución supone una gran noticia para la comunidad educativa y para quienes han defendido durante meses una escuela pública fuerte, inclusiva y de calidad, además de un respaldo a las movilizaciones impulsadas contra una medida que, a su juicio, carecía de justificación social y educativa.
Un conflicto que seguirá abierto
La suspensión cautelar decretada por el TSJA no resuelve todavía el fondo del asunto. La Sala deberá pronunciarse en los próximos meses sobre la legalidad de la orden aprobada por el Gobierno de Aragón.
Mientras tanto, la concertación generalizada del Bachillerato permanece paralizada. El propio Jorge Azcón ha reconocido que resulta “muy difícil” que la medida pueda implantarse el próximo mes de septiembre. Aunque ha asegurado que el Departamento de Educación estudiará posibles alternativas junto a los representantes de la enseñanza concertada, el presidente aragonés ha admitido las dificultades para que el proceso llegue a tiempo para el inicio del curso 2026/27.
Las organizaciones defensoras de la escuela pública han anunciado además una nueva movilización para cerrar el ciclo de protestas desarrollado durante este curso escolar y celebrar la suspensión cautelar de la orden. La convocatoria podría celebrarse en Zaragoza el próximo 16 de junio, aunque los detalles se concretarán en los próximos días.
