Las asociaciones vecinales de L'Almozara y Delicias han presentado alegaciones al expediente de corrección de errores de las bases técnicas de la licitación para la promoción, construcción, explotación y gestión del CDM Aljafería. Las entidades consideran que la modificación aprobada por el Ayuntamiento de Zaragoza no constituye una simple corrección técnica, sino que supone una alteración sustancial de las condiciones bajo las que se adjudicó el proyecto.
Así lo han trasladado a AraInfo, en un comunicado conjunto, la Asociación Vecinal Avenida Navarra, Asociación Vecinal Ebro Almozara, Asociación Vecinal y de Consumo Aljafería y la Asociación Vecinal Delicias-Manuel Viola.
Las asociaciones critican especialmente la eliminación de una cláusula que permitía al Ayuntamiento extinguir anticipadamente el derecho de superficie por razones de interés público. A su juicio, esta supresión "priva al Ayuntamiento de un instrumento de control que permita garantizar el cumplimiento por el adjudicatario de las condiciones de la concesión del derecho de superficie", entre ellas la calidad del servicio, los precios comprometidos o la ejecución de las instalaciones previstas.
En este sentido, las entidades vecinales plantean diversas dudas sobre las consecuencias de esta modificación. "¿Qué pasaría si una vez que es efectivo el derecho de superficie por 60 años, la empresa adjudicataria no cumple sus obligaciones de construcción de la instalación, o solo desarrolla el proyecto parcialmente, o incumple el mantenimiento de los precios públicos acordados, o la calidad del servicio prestado no se ajusta a las condiciones establecidas por el Ayuntamiento, o no abona el canon comprometido de 5 millones por la concesión?", se preguntan.
Según sostienen, la eliminación de esta cláusula deja al consistorio sin capacidad efectiva para exigir el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por la empresa adjudicataria, al desaparecer la posibilidad de extinguir de forma anticipada el derecho de superficie. Recuerdan además que esta preocupación ya fue trasladada por las asociaciones vecinales en las alegaciones presentadas en mayo de 2025.
Las entidades recuerdan que entonces el Ayuntamiento respondió que "la licitación para el otorgamiento del derecho de superficie sobre la parcela objeto de esta modificación trasladará al futuro superficiario las obligaciones que este Excelentísimo Ayuntamiento considere convenientes". Asimismo, citan otro fragmento de la respuesta municipal en el que se señalaba que las diferencias entre la concesión demanial y el derecho de superficie son "mínimas, siempre y cuando se establezcan las limitaciones que se consideren convenientes al otorgar el derecho de superficie".
Sin embargo, las asociaciones consideran que la situación actual demuestra que el Ayuntamiento "se ve imposibilitado para plasmar en el Registro de la Propiedad las obligaciones necesarias en dicha concesión que garanticen el control de la actividad del servicio público para el que están destinadas las instalaciones y, en caso de incumplimiento, pueda extinguir anticipadamente el derecho de superficie".
Las organizaciones vecinales también sostienen que la supresión de la cláusula constituye "una modificación sustancial de las condiciones de la licitación" una vez que esta ya ha sido adjudicada. A su juicio, esta circunstancia genera "una flagrante inseguridad jurídica", además del riesgo de futuros litigios por parte de empresas que pudieran considerarse perjudicadas.
Por ello, defienden que "la adjudicación debería considerarse nula al verse el consistorio imposibilitado para realizarla en los términos indicados en las Bases Técnicas de la Licitación".
Las asociaciones recuerdan además que el proyecto de piscinas municipales acumula varios intentos fallidos desde 2021. Según señalan, el barrio lleva años "soportando experimentos fallidos para la construcción de las piscinas municipales mediante la colaboración público-privada", una fórmula que, a su juicio, ha ido reduciendo las garantías para la ciudadanía y favoreciendo "el pelotazo urbanístico".
Finalmente, las entidades vecinales reiteran su reivindicación histórica de unas piscinas municipales de verano para el barrio y mantienen su oposición a la concesión del derecho de superficie durante 60 años. Consideran que la situación abre una nueva oportunidad para que el Ayuntamiento acometa el proyecto con financiación pública, lo que permitiría "el control y gestión adecuados de este servicio" y que el barrio pueda disponer también del parque equipado y del corredor verde previstos.
