La Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV), reunida este fin de semana en la ciudad de Teruel, ha aprobado una declaración en la que reclama “el derecho a la vivienda y la protección social” ante la crisis económica y social agravada por la guerra provocada por EEUU e Israel en Oriente Medio, especialmente en Irán, Líbano y Palestina.
La organización vecinal valora que el paquete de medidas extraordinarias aprobado por el Consejo de Ministros haya incorporado parte de sus demandas en materia de alquiler, bono social y suministros básicos, aunque advierte de que siguen siendo insuficientes y exige reforzarlas. Las medidas estatales incluyen una prórroga extraordinaria de hasta dos años para contratos de alquiler de vivienda habitual que venzan antes del 31 de diciembre de 2027, una limitación extraordinaria de la actualización de rentas al 2% hasta final de 2027, la prórroga del bono social eléctrico durante 2026 y la prohibición de cortar suministros a familias vulnerables.
En su resolución, la CEAV subraya que el problema de la vivienda en el Estado español “no es coyuntural, sino estructural” y denuncia que miles de familias ya destinaban una parte desproporcionada de sus ingresos al alquiler o a la hipoteca antes de esta nueva escalada de precios. A su juicio, el encarecimiento de la energía, los alimentos y los suministros básicos vuelve a golpear con más fuerza a las clases populares y obliga a las administraciones públicas a reforzar el escudo social.
La confederación vecinal defiende que la vivienda debe tratarse como un derecho social y no como un negocio. En ese sentido, insiste en la necesidad de aumentar de forma decidida el parque público de vivienda en alquiler social hasta, al menos, acercarse a la media de la Unión Europea, que sitúa en torno al 9%. También plantea incorporar vivienda vacía al parque público, rehabilitar el parque residencial existente y actuar contra las viviendas turísticas ilegales y los alquileres de temporada que, denuncia, están expulsando a vecinas y vecinos de sus barrios.
Aunque reconoce que el decreto no recoge todas sus reivindicaciones, especialmente la suspensión de desahucios sin alternativa habitacional, la CEAV considera que las medidas aprobadas deben “defenderse y ampliarse”. Por eso, hace un llamamiento a las federaciones y confederaciones vecinales del Estado para promover movilizaciones, concentraciones y acciones reivindicativas coordinadas junto a sindicatos, plataformas por la vivienda y otros colectivos sociales, con el objetivo de exigir a los grupos parlamentarios la convalidación del real decreto en el Congreso. El Gobierno aprobó este paquete extraordinario en el Consejo de Ministros del 20 de marzo y el contenido fue publicado en el BOE dos días después.
La resolución aprobada en Teruel reivindica, además, el papel histórico del movimiento vecinal en la conquista de derechos sociales. “Las medidas sociales no son concesiones, sino el resultado de la lucha colectiva y de la presión democrática de la sociedad organizada”, sostiene la CEAV, que concluye con una advertencia política de fondo: sin vivienda no hay barrios, sin barrios no hay comunidad y sin comunidad no hay democracia.
