El periodo de consultas del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) planteado por la empresa Majorel SP Solutions SA en Zaragoza ha finalizado sin acuerdo entre la dirección y la representación de las personas trabajadoras. Tras ocho reuniones de la mesa negociadora, ninguna organización sindical ha respaldado el expediente, evidenciando un rechazo unánime a las condiciones planteadas por la patronal.
Desde la Organización Sindical de Trabajadores de Aragón (OSTA) se subraya que ha sido “imposible” alcanzar un acuerdo debido a la falta de justificación del ERE. El sindicato aragonesista sostiene que la empresa no ha acreditado de manera suficiente las causas que motivarían los despidos a lo largo del proceso negociador, un argumento que ha sido compartido por el resto de la representación sindical.
En la misma línea, la Confederación General del Trabajo (CGT-Aragón) ha mantenido desde el inicio una posición de rechazo frontal al expediente. “Ni un solo ERE sin causas reales debe ser avalado”, han reiterado, defendiendo la necesidad de coherencia sindical frente a procesos que, a su juicio, no ofrecen garantías para la plantilla.
Voluntariedades limitadas y salidas forzosas
Uno de los principales puntos de conflicto durante la negociación ha sido el sistema de salidas voluntarias propuesto por la empresa. Según OSTA, el número de adhesiones ha resultado claramente insuficiente, en gran medida debido a las restricciones impuestas por la propia dirección.
Entre estas limitaciones, el sindicato destaca la exclusión de colectivos como las personas mayores de 50 años, así como la aplicación de condicionantes vinculados al turno de trabajo, la campaña concreta o criterios internos que han dificultado el acceso a estas medidas. Esta situación ha derivado, según denuncian, en un volumen de despidos forzosos que consideran “inasumible”.
Sin acuerdo pese al endurecimiento de las condiciones
Durante la última reunión, la empresa planteó un escenario aún más restrictivo en caso de no alcanzarse un acuerdo. Según ha explicado CGT, Majorel advirtió de que aplicaría únicamente las condiciones mínimas que marca la legislación laboral: la voluntariedad podría desaparecer, la indemnización de 30 días por año trabajado dejaría de contemplarse y las 74 personas inicialmente desafectadas podrían volver a estar incluidas en el ERE. Además, la empresa no ha concretado cuándo comunicará las decisiones finales a las personas afectadas, aumentando la incertidumbre entre la plantilla.
Pese a este endurecimiento de las condiciones, ningún sindicato optó por firmar el acuerdo. Incluso Comisiones Obreras (CCOO-Aragón), que durante la negociación centró su posición en aspectos relacionados con la voluntariedad, rechazó finalmente respaldar el expediente.
Críticas a un modelo basado en recortes
Desde CGT denuncian que las propuestas empresariales han estado orientadas principalmente a reducir costes, sin garantizar ni el mantenimiento del empleo ni la viabilidad de los centros de trabajo. En este sentido, consideran que el ERE responde más a una estrategia empresarial que a una necesidad real.
“El desenlace demuestra que es posible plantarse frente a expedientes sin causas reales”, señalan desde el sindicato, que reivindica el impacto de la firmeza sindical sostenida durante todo el proceso.
Posible impugnación judicial
Tras el cierre del periodo de consultas, la decisión final queda ahora en manos de la empresa, que deberá determinar si ejecuta el ERE en los términos planteados o introduce modificaciones en las condiciones e indemnizaciones.
Por su parte, OSTA ya ha anunciado que estudiará la posibilidad de impugnar el expediente ante los juzgados, al considerar que no cumple con los requisitos legales exigibles. Los sindicatos han reiterado su compromiso de seguir defendiendo los derechos de la plantilla en este proceso.
El conflicto en Majorel se cierra así, al menos en su fase negociadora, sin acuerdo y con un frente sindical unido en el rechazo a un ERE que consideran injustificado, dejando abierta la puerta a una nueva batalla, también en el terreno judicial.
