El envejecimiento de la población y el aumento de la dependencia están tensionando el sistema de cuidados a las personas mayores en nuestro país, especialmente en los centros residenciales. Así lo advierte el Colegio de Enfermería de Aragón, que reclama reforzar la presencia de profesionales de enfermería en estos centros ante un perfil de residente cada vez más complejo desde el punto de vista sanitario y sociosanitario.
Según explica la organización profesional, el incremento de la esperanza de vida y el avance de enfermedades crónicas y neurodegenerativas están modificando profundamente la realidad de las residencias. Cada vez más personas llegan a estos centros con altos niveles de dependencia y con múltiples patologías, lo que requiere una atención clínica continuada y una mayor coordinación entre el sistema sanitario y los servicios sociales.
Las previsiones demográficas apuntan además a que esta tendencia se intensificará en los próximos años. En Aragón, la proporción de personas mayores aumentará aproximadamente cinco puntos porcentuales de aquí a 2037, un crecimiento que tendrá consecuencias directas sobre la demanda de cuidados de larga duración.
Un perfil de residente cada vez más dependiente
Actualmente, la mayor parte de las personas que viven en residencias en Aragón presentan altos niveles de dependencia. Se trata de personas cuyo deterioro físico o cognitivo les impide continuar viviendo en su domicilio. El modelo predominante en el territorio está compuesto principalmente por centros de titularidad privada, con una capacidad media de unas 70 plazas.
La ocupación de estos centros alcanza el 89% de las plazas disponibles y el perfil mayoritario corresponde a mujeres mayores de 80 años con un elevado grado de dependencia. Los datos del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) reflejan con claridad esta realidad: el 35,2% de las personas residentes tiene reconocido un grado III de dependencia, mientras que otro 34,7% presenta grados I o II. Además, el 66,4% de los usuarios son mujeres y el 77,7% supera los 80 años.
La situación adquiere una dimensión especialmente significativa en el sur del país, con la Comunidad de Teruel como uno de los territorios más envejecidos de Aragón. Allí, las personas mayores de 65 años representan el 24,65% de la población, mientras que quienes superan los 80 años alcanzan el 8,45%, existen alrededor de 36 centros residenciales que ofrecen 2.886 plazas de larga estancia y 316 plazas en centros de vida asistida.
Un sector laboral altamente feminizado
El sector de los cuidados residenciales presenta además un marcado carácter feminizado. Según los datos disponibles, el 88,1% del personal que trabaja en estos centros son mujeres.
La plantilla se distribuye en tres grandes categorías. Por un lado, el personal de atención directa de primer nivel —técnicos cuidadores, auxiliares o gerocultoras— que presta apoyo en las actividades básicas de la vida diaria y representa el 60,6% de la plantilla. En segundo lugar se sitúa el personal de atención directa de segundo nivel, formado por profesionales sanitarios y sociales con titulación universitaria, que supone el 17,2%. Finalmente, el personal de atención indirecta —limpieza, cocina, mantenimiento, administración o dirección— representa el 22,2%.
Las ratios globales de personal varían de forma considerable según la titularidad de los centros. En los centros privados se sitúan en torno a 31 trabajadoras por cada 100 residentes, mientras que en los centros públicos alcanzan los 46 profesionales por cada 100 usuarios. Sin embargo, estas cifras no distinguen entre categorías profesionales ni garantizan la presencia suficiente de enfermeras.
El papel clave de la enfermería
Desde el Instituto español de Investigación Enfermera se subraya que el perfil de fragilidad, pluripatología y dependencia de las personas residentes hace imprescindible la presencia de enfermeras en estos centros. La evidencia científica indica que una mayor dotación de profesionales de enfermería contribuye a mejorar la calidad de los cuidados y a prevenir complicaciones clínicas.
Entre otros beneficios, una mayor presencia de enfermeras se asocia a una reducción de las úlceras por presión, de las caídas y del uso de sujeciones físicas o fármacos antipsicóticos. También disminuyen las hospitalizaciones urgentes y se mejora la coordinación con la atención primaria y hospitalaria.
Desde la Sociedad española de Enfermería Geriátrica y Gerontológica se insiste además en la necesidad de reforzar el papel de la enfermera especialista en geriatría. Su presidenta recuerda que, aunque la especialidad está reconocida por el ministerio desde hace años, todavía no existen datos exactos sobre cuántas enfermeras trabajan en residencias de mayores en el conjunto del Estado. Asimismo, advierte de que en ocasiones se asignan funciones propias de enfermería a profesionales que no cuentan con la formación y competencias necesarias.
Carencias normativas y desigualdad territorial
La regulación de las residencias depende de las comunidades autónomas, lo que genera una notable heterogeneidad territorial en las ratios mínimas de personal exigidas. En el caso de Aragón, la normativa básica en nuestro país que regula estos centros sigue siendo el Decreto 111/1992, una norma que establece ratios genéricas de personal —0,30 en residencias de válidos y 0,35 en residencias de asistidos— pero que no fija de forma explícita una ratio concreta de enfermeras por número de plazas.
Por otra parte, el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, publicado en 2022, fija una ratio de personal de atención directa de 0,43 —que deberá aumentar progresivamente hasta 0,51 en 2029—, pero tampoco especifica qué proporción corresponde a profesionales de enfermería.
El pliego de prescripciones técnicas elaborado en Aragón en 2023 para la contratación de plazas residenciales señala que la atención sanitaria se prestará en coordinación con el sistema público de salud, aunque tampoco establece de forma explícita la obligatoriedad de contar con enfermeras en los centros o residencias.
Riesgos para la salud de las personas mayores
Para el Consejo General de Enfermería, esta ausencia de una regulación clara supone un riesgo para la salud y la calidad de vida de las personas mayores. En un informe elaborado junto al Instituto español de Investigación Enfermera se advierte de que la falta de profesionales en los turnos obliga en ocasiones a delegar funciones sanitarias en personal que no tiene competencias para asumirlas.
“De hecho, un informe del sindicato Satse señala que el 75,2% de las enfermeras que trabajan en centros gerontológicos residenciales delega funciones propias en personal gerocultor debido a la falta de enfermeras en todos los turnos”, destacan desde el Colegio de Enfermería de Aragón
Ante este escenario, las organizaciones profesionales reclaman una regulación específica que garantice la presencia de enfermeras en las residencias. También piden abordar los factores estructurales que dificultan la incorporación de profesionales a este ámbito, como la sobrecarga asistencial, las peores condiciones laborales o la falta de reconocimiento.
La evidencia internacional apunta, además, a que los modelos con mayor dotación de personal cualificado y con una mejor integración entre servicios sociales y sistema sanitario presentan mejores resultados: menor mortalidad, menos hospitalizaciones no planificadas y una mayor calidad de vida para las personas residentes.
En un territorio como Aragón, marcado por el envejecimiento y la dispersión poblacional, el refuerzo de los cuidados profesionales en residencias aparece así como uno de los retos centrales para los próximos años.
