La resolución del alto tribunal refuerza un principio fundamental recogido tanto en la normativa estatal como en la europea: el control letal de una especie protegida debe ser siempre el último recurso, aplicable sólo cuando se hayan agotado previamente todas las medidas preventivas disponibles.
Desde el Grupo Lobo Aragón recuerdan que “la normativa europea es clara en este sentido y considera que no es lícito matar lobos si la población no está en buen estado de conservación y en el Estado español, indudablemente, no lo está, como muestra el último informe del ministerio de transición ecológica, de 2020, trasladado a la comisión europea, sobre el estado de conservación de las especies de interés comunitario en el Estado español: estado desfavorable-inadecuado (U-2)”.
Desde hace unos años, resaltan desde Lobo Aragón, venimos ha presenciando “una campaña de acoso y derribo al lobo, y a la biodiversidad silvestre en general, por parte de los sectores más conservadores de la sociedad y, muy especialmente, de la política, de los ‘sindicatos’ agropecuarios y del lobby de la caza. Se ha rebajado, sin base científica, la protección del lobo en el Convenio de Berna, aunque en el Estado español no ha afectado en nada, y en la directiva de hábitats. En el Estado español, se hizo en 2025 una más que discutible artimaña legal por parte de una alianza pseudofascista, PP, Vox, Junts y PNV, para sacar ilegalmente al lobo del listado que lo protegía (LESRPE)”.
“En la destrucción de la naturaleza, encontraron el punto de encuentro común quienes en teoría son irreconciliables. Una ley, la de desperdicio alimentario, que poco tiene que ver con la conservación de la biodiversidad, en la que se consideraba que el lobo se iba a eliminar por causar un impacto en el sistema productivo. Esa ley, de la que se está estudiando su anticonstitucionalidad, se ha estado usando como excusa para retomar los programas de ‘gestión’ letal del lobo, que ya estaban denunciados por ilegales y que perdieron su efecto en 2021, cuando se incluyó al lobo en el listado LESRPE. El pasado 17 de febrero de 2026, el Tribunal Superior de Justicia del Estado español resuelve que esos planes de gestión son inválidos. Nos alegramos, pero aún queda mucho por hacer en la conservación de una especie clave y fundamental en los ecosistemas ibéricos”, recalcan desde Lobo Aragón.
Asimismo, desde Lobo Aragón subrayan que “el Principado de Asturies ya ha detenido oficialmente sus planes de eliminación de lobos. Cantabria debe hacer exactamente lo mismo. Cualquier persona que mate un lobo está delinquiendo, aunque ya lo estaba antes de esta resolución, y debe ser perseguida por la ley”.
El Gobierno de Aragón “no es menos beligerante con el lobo. Se manifestaba a favor del control del lobo cuando tan sólo había una pareja establecida. El lobo ibérico (Canis lupus signatus), además de suponer un patrimonio natural del que no se debe de prescindir, cumple un papel ecológico esencial como regulador de ecosistemas y su conservación responde a compromisos legales y científicos ampliamente respaldados”, destacan desde Lobo Aragón.
La entidad naturalista recuerda que la especie “aunque se haya sacado irregularmente del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESRPE), volverá a ese listado más pronto que tarde. Sólo falta la resolución, injustificadamente tardía, del Tribunal Constitucional, sobre el recurso presentado por el Defensor del Pueblo. Esto implica que cualquier actuación excepcional debe estar debidamente justificada, motivada y basada en criterios técnicos rigurosos”.
Desde Grupo Lobo Aragón, consideran que la sentencia del TS “refuerza la obligación de las administraciones públicas de indicar cuales son las medidas preventivas a implementar, como el uso de mastines, cercados adecuados, pastoreo vigilado, y otros sistemas disuasorios. Una vez cumplida dicha obligación, la sentencia exige también que se realice un control efectivo de que en caso de ataque, dichos sistemas disuasorios estaban implementados, cuales de ellos en el caso concreto y valorar si han fallado o si por el contrario ha habido alguna negligencia o incumplimiento de compromiso de uso de medidas obtenidas mediante ayudas públicas”.
El lobo: imprescindible en los hábitats aragoneses
“En resumen, la sentencia exige una evaluación individualizada detallada y técnica de cada caso antes de autorizar controles letales. Y evita interpretaciones generalizadas que puedan poner en riesgo la viabilidad de poblaciones vulnerables”, aseveran desde Lobo Aragón.
Al mismo tiempo, reiteran “la necesidad de diálogo de las administraciones públicas con todos los sectores implicados, incluyendo al sector ganadero y al sector conservacionista, en la búsqueda de la compatibilización entre la persistencia de la vida silvestre como bien común y las afecciones a la explotación de los recursos naturales por parte del sector agropecuario, como actividad particular”.
“Esa compatibilidad es posible si se basa en el conocimiento científico, la responsabilidad institucional y el respeto a la legalidad vigente. Apostamos por políticas públicas que garanticen compensaciones ágiles, apoyo técnico y financiación suficiente para implementar medidas preventivas eficaces, así como la inspección efectiva del cumplimiento de los compromisos de promoción de la biodiversidad al completo contraídos por los perceptores de ayudas públicas”, subrayan desde la entidad naturalista.
“La ley exige a los poderes públicos el control de los fondos públicos. Lobo Aragón, continuará trabajando por la protección del lobo en su distribución actual y colaborando para su vuelta a toda la península ibérica con todas las asociaciones que persigan los mismos objetivos. Seguiremos persiguiendo un modelo de gestión que priorice la prevención, la transparencia y la sostenibilidad. Seguiremos trabajando para que el lobo sea catalogado como especie vulnerable a escala nacional, estatal y recuperado a escala ibérica”, concluyen desde Lobo Aragón.
