Nuestro presidente Azcón parece invocar el siguiente rezo todas las mañanas:
Padre Amazon que estás en el cielo,
sacrificado sea el territorio;
vengan a nosotros tus datos,
hágase tu voluntad con el agua como en la nube.
El despliegue masivo de centros de datos en Aragón no es un fenómeno estrictamente tecnológico. Es una apuesta política por un modelo de “desarrollo” que acelera el metabolismo social, entendido este como el volumen de energía, materiales, agua y territorio que una sociedad consume sin que la cacareada lluvia de millones vaya a repercutir en el empleo o la recaudación fiscal significativamente. La llamada nube engulle de electricidad, requiere agua para refrigeración e implica sacrificios de territorio difíciles de revertir.
Impactos
En un contexto de crisis climática, creciente estrés hídrico, se está priorizando el acceso a recursos energéticos e hídricos para estos centros de datos de hiperescala. Y además, gran parte de ese consumo es estacional, concentrado en verano, cuando el estrés hídrico es mayor. El conflicto no es hipotético.
Pero el gran problema es la energía. Si se ejecutan los proyectos anunciados, el consumo eléctrico de Aragón podría aumentar al menos cinco veces, pasando de unos 10.000 GWh anuales a más de 55.000 GWh o incluso más, lo que convertiría a Aragón de una comunidad exportadora de electricidad en una importadora. Aumentar el consumo eléctrico en unos pocos años tiene implicaciones de máxima importancia. Es decir, se está poniendo alfombra roja a empresas extranjeras que vienen a incrementar tremendamente el consumo energético de Aragón de forma estructural.
Esta electricidad es la que se ha obtenido desplegando grandes y numerosos proyectos de renovables -con todos los impactos que ha supuesto- y ahora se nos dice que esta energía que deberíamos destinar a electrificar la movilidad, la climatización, la industria, etc., se está comprometiendo para abastecer centros de datos operados por grandes tecnológicas como Amazon, Microsoft y Meta. Pero esta les será insuficiente y esto implica instalar aún muchas más renovables. Según un reciente estudio publicado en la revista científica Energy Policy, Aragón podría necesitar entre el 9 % y el 39 % de su territorio para infraestructuras renovables destinadas a abastecer la demanda eléctrica prevista.
Dependencia tecnológica y ausencia de control democrático
Se consolida así una enorme apuesta estratégica sin control democrático ni debate, que va a comprometer la electricidad con la que deberíamos electrificar la economía. Las administraciones públicas actúan más como facilitadoras del negocio privado extranjero que como garantes del interés general aragonés, renunciando a condicionar usos, límites y retornos sociales reales.
Este “Bienvenido Mr. Bezos” se legitima socialmente mediante una narrativa que equipara automáticamente la digitalización a más progreso, y cualquier crítica se etiqueta como rechazo irracional al futuro. Este marco impide discutir qué usos digitales se están priorizando, quién controla las infraestructuras, quién captura el valor generado y qué impactos reales suponen. Si este “progreso” se mide solo en inversiones anunciadas y megavatios instalados, lo que nos viene puede traernos deterioro ambiental, precarización territorial y pérdida de control colectivo sobre el territorio, sin que nadie se percate.
La expansión de las macrogranjas de datos no construye soberanía digital, sino dependencia. Aragón, sí, se está configurando como soporte físico de plataformas globales pero cuyos centros de decisión, beneficios y estrategias están fuera.
Aragón aporta energía, agua y territorio. Absorbe impactos ambientales, sacrifica su energía y asume la pérdida de capacidad de decisión. A cambio, los beneficios económicos se concentran en grandes tecnológicas y fondos de inversión. Es una lógica extractivista envuelta en lenguaje digital. Este esquema reproduce una relación casi colonial. Aragón se convierte en soporte físico barato de una economía que no controla y de la que apenas se beneficia: mientras el territorio asume los impactos, los beneficios fiscales se diluyen en bonificaciones y el empleo directo está limitado a prácticamente la construcción (Amazon y otras empresas se niegan a facilitar cualquier dato de empleo).
Sociedad civil y ruptura del consenso
Frente a este escenario, la respuesta de la sociedad civil aragonesa marca un punto de inflexión. Colectivos ecologistas, plataformas vecinales y movimientos rurales han conectado la invasión de los centros de datos con otros conflictos ya conocidos: energía, agua, territorio y límites del crecimiento.
La movilización jurídica contra la expansión de AWS, financiada mediante crowdfunding recientemente, trae un mensaje: Aragón no está dispuesto a que todo esto pase sin resistencia ninguna. La crítica ya no se limita a proyectos concretos, sino al modelo que los hace posibles.
El conflicto no va solo de servidores y edificios. Va de qué entendemos por progreso, de qué futuro queremos para esta tierra. Cuestionar la apuesta por el crecimiento tecnológico infinito es el camino para recuperar el control de nuestro modelo productivo, es decir, el control sobre nuestras vidas y nuestra tierra.
