El Departamento de Hacienda, Interior y Administración Pública del Gobierno de Aragón ha adjudicado a la empresa CLECE S.A. —con sede en Madrid y del empresario Florentino Pérez — la explotación operativa integral de los servicios que atienden las llamadas de emergencia al 112 y 061 en Aragón, además de la gestión diaria del Centro de Emergencias 112 SOS Aragón y del Centro de Coordinación de Urgencias Sanitarias 061 Aragón.
El contrato, identificado con el expediente PIC_DGIE_2024_81, fue publicado oficialmente en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 7 de mayo de 2025 y formalizado el 30 de mayo de 2025 mediante firma electrónica entre el Gobierno de Aragón y la adjudicataria.
Presupuesto y duración de la privatización
Aunque el valor estimado del contrato alcanzaba los 14.848.467,27 millones de euros para todo el horizonte plurianual, el importe adjudicado y formalizado para la prestación del servicio fue finalmente de 9.624.988,61 millones de euros -la DGA aprobó el gasto y el expediente de contratación el pasado 16 de enero de 2025-, lo que representa una baja sobre el presupuesto base de licitación y una adjudicación de carácter definitivo. El contrato se extiende por tres años, con posibilidad de prórroga hasta dos años adicionales (con su correspondiente aumento de los importes), abarcando así —como mínimo— el periodo 2025-2028.
Servicios que comprende la externalización
El objeto del contrato es la explotación operativa de: el Centro de Emergencias 112 SOS Aragón, que atiende llamadas de emergencia ciudadana en todo el territorio aragonés para coordinar servicios de urgencia y protección civil. El Centro de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061 Aragón, que centraliza la atención sanitaria urgente y la coordinación de recursos sanitarios públicos y privados. Y, el servicio de atención a los teléfonos de emergencia 112 y 061, incluidos los procesos de recepción, gestión de llamadas y coordinación con dispositivos de intervención.
Asimismo, el contrato incluye cláusulas técnicas y administrativas que detallan obligaciones de formación para categorías de trabajo clave, bolsas de horas adicionales de operador u operadora y una aportación anual de fondos para adquisición de material tecnológico.
Procedimiento de adjudicación y control
El expediente de contratación se inició formalmente el 19 de diciembre de 2024, con la aprobación de la apertura del procedimiento por parte de la DGA y la fiscalización del gasto por la Intervención General.
La licitación se tramitó mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación conforme a la Ley de Contratos del Sector Público (transposición de directivas europeas 2014/23/UE y 2014/24/UE), y se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea como contrato sujeto a regulación armonizada.
Los servicios 112 y 061 son elementos esenciales del sistema de emergencias de Aragón, y tiene como objetivo “garantizar una respuesta inmediata y coordinada de recursos sanitarios, de seguridad y de protección civil ante situaciones de urgencia y desastre” en todo el territorio aragonés.
La adjudicación de este contrato encaja en una serie de iniciativas del Gobierno de Aragón -antes en el lambanato y ahora en el azconato- para privatizar (o externalizar) mediante el método de ‘colaboración público-privada’ servicios públicos esenciales para nuestro país, en un claro reconocimiento de la incapacidad del PSOE y el PP para gestionarlos directamente desde la propia DGA.
Gestión pública versus gestión privada: ¿Cómo lo hacen en otros países?
En los modelos de gestión privada-externalizada las condiciones laborales son sensiblemente peores que en el modelo de gestión pública. Las empresas privadas suelen recurrir a convenios colectivos frecuentemente vinculados a contact center o telemarketing, no a los de emergencias que tienen mejores condiciones laborales.
Además, castigan a las plantillas con una alta rotación y con una grave precariedad salarial comparativa, también suele producirse una falta de reconocimiento profesional específico como ‘gestores de emergencias’, y sobrecarga de las plantillas en picos críticos (como grandes incendios, DANAs, u olas de calor), por lo que los conflictos laborales son recurrentes, reclamando además habitualmente la ‘internalización’ de estos servicios.
Además de en nuestro país con CLECE, otros territorios como el País Valenciá (13 millones de euros para dos años prorrogables), Galiza (con un presupuesto de privatización de 15 millones), la Región de Murcia, Andalucía, o Comunidad de Madrid (que realiza un macrocontrato que incluye además otros servicios como urgencias médicas y asciende hasta los 230 millones de euros), tienen externalizados, en parte o en su totalidad, estos servicios esenciales a empresas como Ilunion, Serveo o Be Call.
Otros territorios como Asturies, Nafarroa, Illes Balears, Alemania o Países Bajos gestionan desde lo público los servicios de emergencias, como sucede con gran parte del territorio de Francia e Italia.
Así, la externalización-privatización abarata los costes laborales en el corto plazo, pero a costa de generar inestabilidad en plantillas y pérdida de experiencia acumulada, y en consecuencia, una menor calidad del servicio esencial.
Cuando suena el teléfono no hay margen para improvisar
Aunque no existe un estándar único en la Unión Europea, sí se cumple que los sistemas de emergencia deben cumplir estándares de cobertura 24/7 y de interoperabilidad entre servicios públicos. En el caso aragonés, que incluye además el 061, se añade pues la complejidad sanitaria al servicio.
La cuestión estratégica para el futuro de estos servicios esenciales en Aragón es: ¿se prioriza la supuesta eficiencia presupuestaria o se abre un debate sobre la necesidad de una gestión pública y directa del sistema 112 y 061?
En servicios críticos como emergencias, la estabilidad y la profesionalización deberían pesar mucho más de lo que lo hacen, porque cuando suena el teléfono, no hay margen para improvisar.
