Era necesario sanear los barrios insalubres, esos focos de epidemia y de revolución
Barón de Haussmann
La intervención nocturna y sin aviso que expulsó a decenas de personas sinhogar del parque Bruil, el desmontaje de Villa Chueca (el campamento de los sintecho) sin más alternativa habitacional que 14 días en el albergue, no puede entenderse como un hecho aislado ni como un simple dispositivo de orden público. Forma parte de un patrón histórico y contemporáneo en la forma en que algunas ciudades gestionan el conflicto social: bajo el lenguaje neutro del saneamiento, la renaturalización o la revitalización, se despliegan estrategias profundamente políticas de control del espacio, exclusión y disciplinamiento.
Desde Walter Benjamin sabemos que la modernidad tiende a convertir la ciudad en escenario, en una superficie preparada para ser contemplada antes que habitada. El paisaje urbano se ordena para el ojo —el del turista, el inversor, el gestor— y no para quienes viven y usan los espacios desde abajo.
Cuando el Heraldo y mas voceros de las elites locales hablan reiteradamente de “degradación”, “problemas de convivencia” o “recuperación del entorno”, produce precisamente ese efecto: separa la ciudad que se muestra de la ciudad que se vive, reforzando la idea de que ciertos cuerpos —pobres, migrantes, vulnerables— son una interferencia en la imagen urbana deseada.
Henri Lefebvre explicó este mismo fenómeno en términos de espacio concebido frente a espacio vivido. El parque Bruil como proyecto municipal, como plano técnico, como render de inversiones europeas, es un espacio concebido: ordenado, limpio, armónico. Pero el parque Bruil real —con sombras, bancos, árboles maduros, vida cotidiana y también conflictos— es un espacio vivido. La operación de expulsión nocturna es la imposición violenta del primero sobre el segundo. Es la segregación del espacio, la prohibición del acceso al espacio público y la producción de un espacio ajeno a la comunidad.
Estas políticas urbanas de Chueca funcionan como una venganza de las élites contra aquellos grupos que ocuparon el casco viejo popular durante la fase de declive urbano: personas pobres, migrantes, jóvenes precarizados, personas sin hogar. La expulsión nocturna del Bruil es un gesto revanchista en su forma más pura: no solo desplaza cuerpos, sino que transmite un mensaje moral. Dice: este parque ya no es vuestro. Marca un antes y un después y redefine el territorio como espacio “recuperado”. Detrás de esta estrategia late una voluntad de revancha de clase. Barrios como La Madalena o Tenerías, históricamente rebeldes, autónomos y tejidos desde la solidaridad vecinal, son vistos por las élites locales como un estorbo a la ciudad turística, ordenada y comercial. Su energía cultural y su memoria popular resultan incómodas para un proyecto de ciudad que aspira a convertirse en un escenario estático, controlado y despolitizado
En este marco, las actuaciones urbanas no se orientan a resolver los problemas de exclusión o precariedad, sino a borrar sus huellas del espacio urbano, moviéndolas de un lugar a otro sin ofrecer alternativas reales. El desmontaje del campamento del Bruil (Villa Chueca) —sin aviso y de madrugada— responde exactamente a esa lógica: hacer desaparecer el problema en vez de afrontarlo. Paralelamente, el Ayuntamiento deja sin ejecutar 14 millones de euros destinados a ayudas urgentes a personas vulnerables, demostrando que la prioridad no es la justicia social, sino la gestión estética del paisaje urbano y dejar pudrir la situación.
La estrategia se completa con un repertorio de urbanismo hostil que prolifera en rejas, barrotes y barreras físicas destinadas a impedir usos “no deseados” por los trumpistas zaragozanos del espacio público. Estas tácticas no buscan resolver conflictos, sino restringir la ciudad a determinados clases y comportamientos, reafirmando una visión profundamente clasista de quién puede estar y volvemos a las clases peligrosas del siglo XIX.
La llamada “renaturalización” del entorno del Huerva participa de este mismo proceso. Tal y como ha explicado Isabelle Anguelovski, la creación de corredores verdes y espacios ecológicos puede convertirse, cuando se instrumentaliza políticamente, en una coartada verde que permite justificar transformaciones que expulsan o presionan a las comunidades populares. La ecología vaciada se convierte así en argumento para intervenir territorios codiciados, disciplinar a sus habitantes y preparar el terreno para futuras dinámicas de especulación inmobiliaria y los consiguientes nuevos procesos de desahucio y de expulsión de vecinos tradicionales de la zona.
De este modo, lo que se presenta como una mejora ambiental o un proyecto de rehabilitación se revela en realidad como una operación de recentralización del poder sobre lo urbano. Una forma de imponer desde arriba un modelo de ciudad dócil, homogénea y disponible para los intereses económicos dominantes. Pero, como el espacio urbano es siempre un terreno de conflicto entre quienes buscan mercantilizarlo y quienes lo viven cotidianamente como derecho. Intentar someter ese conflicto mediante la fuerza, la estética o el discurso higienista está condenado al fracaso.
Y es que, pese a las operaciones policiales, las rejas y los discursos punitivos, la ciudad no puede ser reducida a un decorado. Lo urbano es, por definición, irreductible a las ordenanzas: reaparece, se fuga, vuelve. Mientras no exista una política real de vivienda, de dignidad y de cuidado, las personas sin hogar seguirán regresando allí donde puedan, recordándonos que la ciudad no es un escaparate, sino la expresión viva de sus desigualdades. La verdadera crisis no está en el Bruil, sino en la política que prefiere esconder la pobreza antes que afrontarla.
La historia urbana está llena de ejemplos de resistencia frente a los planes de “saneamiento” excluyente. Haussmann, con todo su poder, no logró eliminar la capacidad de insurrección del París popular; solo la desplazó en el espacio y en el tiempo. Hoy, en Zaragoza, la lucha por el Bruil no es solo por un parque, sino por un modelo de ciudad: una que entienda el espacio público como un bien común, la vivienda como un derecho y la presencia de los excluidos como un recordatorio de las deudas pendientes de la justicia social.
