CGT Enseñanza ha exigido la dimisión de la consejera de Educación del Gobierno de Aragón, Tomasa Hernández Martín, al entender que “por una parte, está en una carrera privatizadora de la educación aragonesa, mientras que por otra, está haciendo dejación de funciones en su atención a la escuela pública, a sus docentes, familias y alumnado”.
José Luis Ruiz, portavoz de CGT, ha explicado que “las últimas declaraciones y actuaciones de la consejera Hernández la sitúan en una posición de confrontación con la escuela pública y su comunidad educativa, y según ella misma ha expresado sin posibilidad siquiera de diálogo respecto a la pretendida privatización de etapas no obligatorias”.
El representante sindical ha insistido en que “hay más de 2.000 plazas públicas vacantes de Bachillerato actualmente, por lo que el empeño de la consejera en concertar esta etapa en centros privados es malgastar siete millones de euros solo en el próximo curso, despilfarro que debería inhabilitarle para gestionar el Departamento de Educación”.
Por otra parte, Ruiz señala que “este gasto innecesario no se invierte en necesidades reales que si se están denunciando en centros educativos públicos y que son desatendidos sistemáticamente”. CGT Enseñanza argumenta que “la situación en los centros públicos es muy complicada, en algunos están cerca del colapso, sin ir más lejos, en el IES de Cuarte, el director del centro ha presentado su renuncia, y el profesorado ha convocado tres días de huelga la semana que viene, apoyado por la comunidad educativa, como último recurso para exigir que se dote al centro del personal no docente que requiere para que el centro funcione, o la misma directora del Servicio de Educación de Zaragoza ha renunciado al cargo aduciendo falta de respaldo y apoyo de la consejera para solucionar los numerosos problemas que la gestión de un servicio infradotado y abandonado por el Departamento de Educación presenta”.
La realidad, señala el representante de CGT, es que “en los centros faltan docentes, administrativos, personal del limpieza y mantenimiento, y la DGA se escuda, por una parte, en la falta de dinero, un dinero que luego regala a los centros privados, y por otra, en las trabas de la burocracia y de Función Pública para contratar más personal, pero a la comunidad educativa le da igual si la culpa de que falte personal en los centros es de Educación o de Función Pública, ambos entes son Gobierno de Aragón, y su función es velar por el buen funcionamiento de los servicios públicos. Tras más de dos años en el cargo, y conocedora de toda esta problemática, la actual consejera, o no ha querido o no ha sabido resolver estas carencias, siendo en muchos casos incluso la situación más grave y habitual”.
Ruiz también pone en el debe de la consejera Hernández “el engaño sufrido por el profesorado de infantil y primaria en el Acuerdo sobre jornada lectiva y retribución firmado con CSIF, ya que la reducción del horario lectivo a 23 horas se ha realizado sin el aumento de cupo correspondiente, anulando en la práctica las ventajas que para el profesorado y el alumnado suponía la medida”.
Desde CGT añaden que “también el servicio de inspección está sufriendo la inacción de la consejera, llevamos un mes de movilizaciones de inspectoras e inspectores que se sienten maltratados por el Departamento de Educación, y no parece que la situación se vaya a resolver en un futuro próximo”.
Por todo lo anterior, exigen “la dimisión de la consejera de Educación, Tomasa Hernández Martín, ya que en los más de dos años que lleva en el cargo, no solo no ha resuelto ninguno de los problemas que presenta la educación aragonesa, sino que muchos de ellos se han agravado, y además ha emprendido un viaje a ninguna parte con la concertación del bachillerato restando aún más recursos a la escuela pública”. concluyen desde CGT Enseñanza.
