Las trabajadoras y trabajadores públicos aragoneses en abuso de temporalidad participaron en la mañana de esta pasado martes en Madrid en la protesta estatal “para reclamar el derecho a la fijeza del personal en abuso de temporalidad de todas las Administraciones Públicas, así como para los ya cesados que presentaron reclamación contra su despido”.
El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras por el Empleo Público de Aragón (STEPA) es una de las organizaciones, que junto con otras doce del Estado español, y el apoyo de más de 50 sindicatos, plataformas y movimientos ciudadanos, organizaron “la gran concentración ante el Congreso de los Diputados”, que de las 11:00 a las 15:00 horas de este pasado martes, exigió “una solución a este problema, que afecta a casi un millón de interinos” en el Estado español y a 17.000 en la DGA.
Los colectivos de interinos reclaman “incluir estas medidas en la nueva Ley de Función Pública, ahora en el Congreso, y que Junts per Catalunya ya ha presentado como enmiendas”. Así, se demanda “dar solución a la situación de empleados de todas las Administraciones que llevan años, incluso décadas, atendiendo necesidades permanentes bajo contratos temporales, algo que prohíbe la legislación europea y española y ya está sancionado en el sector privado con la fijeza de la víctima. Sin embargo, en el sector público, tanto gobiernos de todos los partidos como tribunales han incumplido esta obligación”, recalcan.
STEPA ha destacado el éxito de esta convocatoria “y el esfuerzo que han hecho esta jornada los cientos de personas que han viajado a Madrid, pidiendo días de vacaciones para pedir al Ejecutivo y al Legislativo que, por fin, cumplan con Europa; y, sobre todo y más importante, cumplan con sus trabajadores, para mantener unos servicios públicos de calidad, no perder su experiencia y evitar el grave deterioro que están sufriendo en los últimos años los servicios públicos”.
“Mucha gente sigue pensando que el problema del personal es un problema muy complicado de solucionar, Nada más lejos de la realidad. Simplemente hay que reconocer que los trabajadores que superan un plazo como temporales merecen o la fijeza o una indemnización por ese abuso", ha aseverado el sindicato aragonés.
Una solución a coste cero
La concentración se realizó en vísperas de otro importante hito. Este mismo jueves, el Abogado General del Tribunal de Justicia de la UE presentará su respuesta a una cuestión prejudicial presentada por el Tribunal Supremo, sobre si el Estado español está obligado a convertir en fijos a estos interinos. “El TJUE ya ha emitido dos sentencias en este sentido, pero el Supremo plantea si sería una medida suficiente aumentar la indemnización por despido, actualmente fijada en 20 días de salario por año”, recuerdan las entidades y sindicatos.
Las convocantes de la protesta señalan que “reconociendo a las víctimas del abuso como fijos a extinguir se puede resolver el problema ‘a coste cero’, sin desviar recursos públicos ni pagar indemnizaciones ni sanciones de la Unión Europea, que ya ha congelado 620 millones en ayudas por la inacción ante este grave problema”.
Por su parte, STEPA ha subrayado que “las enmiendas legales que se plantean” ya las propuso en el ámbito aragonés “reconociendo a los interinos en abuso como personal fijo a extinguir, una figura totalmente constitucional y reconocida, que por ejemplo se aplicó a los trabajadores del Instituto Aragonés del Agua”.
El sindicato ha lamentado que “se les siga negando este reconocimiento a miles de trabajadores y trabajadoras públicos en Aragón, que llevan hasta quince y veinte años de dedicación, dada la escasa oferta de plazas de estabilización que los gobiernos de Javier Lambán y Jorge Azón, derivaron de la ley 20/21”.
17.000 afectadas en Aragón
STEPA, tercera fuerza sindical en la Administración General de Aragón, recalca que, “según los últimos datos del propio Gobierno aragonés, la tasa de temporalidad en la DGA es del 46% (27.700 de un total de 60.400). Es más del triple de la que hay en las empresas y también sensiblemente peor que en otras Administraciones Públicas”, lo que tristemente destaca a nuestro país “como uno de los principales focos de este problema, por la ‘insumisión’ del Gobierno de Jorge Azcón a la Ley estatal 20/21, con el que ya se intentó, con escaso éxito, atajar el abuso de temporalidad”.
Aunque “insuficiente”, esta norma obligaba a identificar todas las plazas ocupadas por temporales en abuso y ofrecerlas en procesos de estabilización. Según los cálculos de STEPA “cerca de 17.000 trabajadores, casi el 30% de la plantilla, podía acogerse a esta posibilidad, pero el Gobierno de Aragón no ha realizado el mapeo de estos puestos, pese a que era un acuerdo incluido en la ley de presupuestos de 2024, ha convocado un número mínimo de plazas, sin justificar sus cifras, y ha continuado despidiendo masivamente a su personal en abuso para maquillar sus cifras de temporalidad”, enfatizan.
“De esta manera, se ha creado un doble problema: miles de despidos ilegales, que acabarán dando lugar a indemnizaciones, y un grave deterioro de los servicios públicos, que afecta tanto a la ciudadanía como a los trabajadores, con numerosas plazas sin cubrir y un importante empeoramiento de las condiciones laborales”, subrayan desde STEPA.
Finalmente, el sindicato aragonés exige al gobierno del Estado español “resolver el problema de la temporalidad en las Administraciones y garantizar que esta situación no pueda repetirse, con medidas que garanticen la convocatoria de todas las plazas fijas necesarias en plazo” y permitir así “respetar los derechos de las víctimas del abuso, dar entrada a nuevos funcionarios y ofrecer unos servicios públicos de calidad”.
