Desde el año 2020 está en vigor un instrumento excepcional de recuperación temporal, los fondos Next Generation UE, con los objetivos de promover la cohesión territorial económica y social, fortalecer la resilencia y capacidad de ajuste, mitigar las repercusiones sociales y económicas de la crisis de la Covid 19 y apoyar la transición ecológica y digital.
En estos momentos el Gobierno de Aragón está ejecutando tres Planes Territoriales de Sostenibilidad Turística en el marco del Componente 14.I01.02 del PRTR del Estado español (Estrategia de Sostenibilidad Turística en Destino , marco estratégico para la ejecución del Componente 14.I01.02 Programa de PSTD). Con tres convocatorias extraordinarias 2021, 2022 y 2023, con sus correcciones de errores y modificaciones.
Debe quedar muy claro, que la ejecución y justificación de cada una de las intervenciones corresponderá al órgano gestor de la entidad ejecutora destinado al efecto. La DGA será la coordinadora de la ejecución y justificación de la totalidad del Plan Territorial. La adecuada ejecución sobre el terreno son responsabilidad de cada una de las entidades locales ejecutoras. La suma de todo este dinero público europeo sobrepasa los 30 millones de euros.
Estos días los medios de comunicación se hacen eco del posible mal uso de estos fondos a nivel estatal, con los siguientes titulares “La Fiscalía Europea investiga a través de Hacienda de España...”, pero posiblemente no sea un problema anecdótico y pudiera afectarnos.
Hemos presentado, entidades ecologistas, a Presidencia del Gobierno de Aragón un escrito cómo consecuencia de las noticias aparecidas en el Heraldo de Aragón y Nevasport sobre las “actuaciones” para no perder estos fondos por incumplimiento de plazos en la telecabina de Candanchú a Astún, con certificaciones sobre facturas de material que podrían ser un presunto fraude de ley, público y publicitado sin problema alguno. Pero nos encontramos que los responsables aragoneses, Gobierno de Aragón y gobiernos locales de su control, son al mismo tiempo ‘promotores’ de estas actuaciones.
Está sin resolver la Declaración de Impacto Ambiental, el PIGA, los expedientes de uso privativo de montes públicos, los expedientes municipales, etc. Se anuncia en estos artículos citados que los primeros se aprobarán a final de este mes y se colocará la primera piedra de la telecabina ¿Cómo lo harán? ¿Rechazando todas las alegaciones y cerrando con ruido al salir?
Esta situación se repite por desgracia en el resto de los proyectos de la Val del Aragón (Tubing Candanchu, Pista de Collarada, Oroel Parck, Mirador de la Raca), de la Val de Tena (actuaciones en Formigal sin permisos o títulos habilitantes, tobogán de Pandicosa), y Val de Benás (telecabina de Benás a Sarllé, actuaciones en el río Ésera.
Desequilibrios territoriales y dependencia económica de la nieve
Estas actuaciones, por lo que conocemos, no promueven la cohesión territorial, al contrario, aumentan la dependencia económica de la nieve y los desequilibrios territoriales. Socialmente y en cuanto a resilencia son insostenibles por agudizar los problemas actuales (lean el Manifiesto de un “Pirineo Digno”), al contrario de mitigar las repercusiones del Covid las aumenta. En vez de una transición ecológica hacia una economía sostenible, se va a llenar el Pirineo de estructuras que en principio serán inviables y luego habrá que desmontar, con restauración, con dinero público. Esto último no está previsto y estamos hablando de montes públicos, con varias figuras de protección ambiental.
Se trata de actuaciones sobre las cuales, entidades sociales y ecologistas, hemos indicado al Gobierno de Aragón y a las entidades locales, que son inviables. Son inviables medioambientalmente porque destrozan de forma irreversible el entorno. Se están valorando los impactos de forma parcial (fragmentación del proyecto) cuando coinciden en un espacio el promotor, el suelo público utilizado, los fondos públicos y todas las actuaciones al mismo tiempo. Debería ser un sólo proyecto, una sola DIA y un solo PIGA, o podríamos estar ante otro posible fraude de ley, con conocimiento del Gobierno de Aragón, Entidades locales y también los ciudadanos.
Ejemplo de lo anterior, en Candanchú-Astún están previstas las siguientes actuaciones: telecabina, Mirador de la Raca, Tubing de Candanchú, actuaciones en los remontes existente, plan de innivación con nuevas instalaciones, dos depuradoras de aguas residuales, mejora de los accesos, sistemas antialudes, accesos y comunicaciones. Así como la reactivación del Plan para hacer 800 nuevas viviendas y servicios en Astún. De todo lo citado, sólo se evalúa en la DIA y el PIGA el telecabina. Sin embargo, todo está en conjunto, suma los impactos ambientales, sociales y económicos, con lo cual hasta que no se demuestre lo contrario, son inviables estos proyectos. Desconocemos la suma de las afecciones.
Un concepto legal importante
Pero hay más. Un concepto legal importante, estos proyectos deben ser viables, para ser desarrollados por la administración. Con el cambio climático y la situación descrita por los foros técnicos (Observatorio Pirenaico del cambio climático OPCC donde está el Gobierno de Aragón) no lo serán viables ambientalmente. Pero por la suma de impactos ambientales en espacio y tiempo para su ejecución, tampoco los son. Los usos privativos de los montes públicos suponen su cambio en las motivaciones y causas de su catalogación y su destrucción irreversible.
Pero volvemos a la posible ‘fórmula mágica’, proyectos públicos, más suelo público, más promovido por las entidades locales con sus medios público, más falta de tramitación ambiental, más uso público incorrecto, más inversiones económicas públicas (europeas, Gobierno de Aragón y locales), es igual a beneficiarios que al parecer lo gestionarán (según los convenios publicados) empresas mercantiles con intereses inmobiliarios y que serían los beneficiarios finales. Sin resto, porque no volvería el dinero a las arcas públicas, en muchos casos. En otros es un desconocido quien lo gestionará y como. ¿Viabilidad acreditada?
Todo esto, y muchas cosas más sobre estos temas, están encima de la mesa del Gobierno de Aragón, para que nos informe y actué en consecuencia. Hasta ahora sin éxito. Con otro factor añadido, si al final la UE estima que no se cumplen los objetivos de estos fondos, los responsables y quienes lo asumirán económicamente con su devolución es el Gobierno de Aragón y las entidades locales participantes. Es decir, los contribuyentes aragoneses.
¿Podemos permitirnos está situación cuando faltan inversiones en sanidad, educación, en el medio ambiente, en carreteras, servicios, comunicaciones, y no tenemos Presupuesto en Aragón?
Las entidades ecologistas hemos propuesto soluciones para el uso de estos fondos. Con su cuantía se puede realizar una gestión sostenible de los bosques del Pirineo (con el problema añadido de la prevención de los incendios) y también invertir en los servicios básicos. Con algo tan simple creamos puestos de trabajo y potenciamos habitantes fijos, con economía circular. Buscando la recuperación del sector primario y un desarrollo local del secundario, que ahora no existe casi. Todo ello frente al turismo de masificación que estamos sufriendo, su impacto ambiental, su poca influencia económica y una economía cada vez más estacionada.
Estamos a tiempo de parar todo esto, pero es un problema de todos y todas. De lo contrario la nueva generación, que tiene que vivir y trabajar en estas zonas (Next Generation) se encontrará sin entorno natural, sin economía sostenible, sin cohesión territorial, con más problemas de trabajo, de vivienda, con malos servicios y comunicaciones, y se han gastado lo que debería servir para todo eso. Es posible otro Plan Pirineos.
