La sección sindical de CCOO en la DGA denuncia que “el Gobierno de Aragón, saltándose los procedimientos reglamentariamente establecidos, está gestionando la contratación de puestos de trabajo en los centros educativos” del sur del país “a través de Empresas de Trabajo Temporal con condiciones precarias y perjudicando gravemente a quienes podrían optar a dichas plazas al encontrarse inscritos en las correspondientes y legales bolsas de empleo”. Para el sindicato “el objetivo encubierto no es otro que la privatización de servicios públicos”.
El sindicato afirma que estos puestos de trabajo “deben ser ocupados por funcionarios o funcionarias fijas y, de manera provisional, pueden ser cubiertos por personal temporal que forme parte de bolsas de empleo”. Dichas bolsas están configuradas por personas que han participado previamente en las oposiciones convocadas, y en la actualidad hay más de 1.000 inscritas para trabajar en las comarcas del sur. Para la organización sindical “acudir directamente a la contratación mediante ETT constituye un grave perjuicio para quienes se han apuntado en ellas confiando poder trabajar, aunque sea de forma temporal, en la administración pública y ven de esta forma mermados sus derechos a un puesto de trabajo”.
Además, para CCOO Aragón este tipo de contrataciones “precariza las condiciones de trabajo ya que en las oficinas de los institutos deberían trabajar, al menos, dos personas, una de ellas responsable de la oficina y otra que ocupe la plaza de auxiliar administrativo”. “Pero de los dos puestos, el Departamento de Educación ha decidido cubrir, a través de ETT, el de menor responsabilidad, el menos retribuido, para realizar todas las funciones, a lo que debe añadirse que se están ofreciendo contratos de un mes de duración, que se irán encadenando hasta la ocupación del puesto, por lo que es evidente la precarización de las condiciones de trabajo”, recalcan.
Asimismo, la organización sindical critica “la política de hechos consumados en materia de personal del Gobierno de Aragón, que deja cientos de puestos sin cubrir, vaciando los servicios públicos de personal y provocando su mal funcionamiento para acabar privatizándolos”.
Y, finalmente, denuncia que “la falta de capacidad de la administración para resolver la cobertura de puestos de trabajo de una manera ágil, pone en riesgo el empleo público y nos dirige a la privatización de los servicios públicos, no por culpa de los trabajadores y trabajadoras, sino por culpa de unos gestores incompetentes que apuestan por el desmantelamiento progresivo de los servicios públicos”.
