Dimes y diretes, pases de la patata caliente de Comunidades al gobierno central y viceversa. En medio, miles de kilómetros cuadrados de vida asesinada por la incompetencia, por incompetentes.
3. ¡ALELUYA!
Para defendernos de los incendiarios, de la canícula, de las negligencias, de los estúpidos, el Estado y las Comunidades (que tienen todas las competencias en esta materia) disponen de medios para combatir al fuego. Los hechos, también los dichos, nos reflejarán la cuantía y si son suficientes, escasos, negligentes o, sencillamente, estúpidos.
Empecemos por los medios globales que se disponen entre el Estado central y las diversas comunidades autónomas. Los datos que damos son los del presupuesto 2022. Aunque se puede deducir que los del 2025 son muy parecidos, desgraciadamente.
En base a las mismas fuentes de la entrega anterior, compararemos dos presupuestos, el de 2009 y el de 2022. En los dos, está presupuestado el total para todas las administraciones. Nos vamos a asombrar.
En el año 2009 el gasto total presupuestado en prevención de incendios fue de 364 millones de euros y la inversión en extinción 417 millones. El total presupuesta alcanzaría los 781 millones de euros. En el año 2022 el gasto total en prevención fue de 176 millones y el de extinción 427. Una suma total de 603 millones de euros.
Mal empezamos si, más de una década después, el gasto en prevención no solo no es mayor, sino que se reduce a la mitad. Esto nos puede dar una idea de por dónde va la cosa. Esto es, ronda la ineptitud más dolorosa y absoluta.
Sin embargo, el Estado español, sumando su administración estatal y la de todos sus territorios y nacionalidades, gastó en 2023 la cifra de 2.700 millones de euros en la lucha contra los incendios de ese año. Sin contar, en esa cifra, algunos de los gastos posteriores de aclareo, de limpieza o de reforestación. Hay que decir que 2023 fue uno de los años más bajos en hectáreas quemadas, tan solo 65.896 hectáreas.
Primero: ¿cómo se explican esas dos cifras, gasto presupuestado y gasto real de extinción?
Muy sencillo, las administraciones presupuestan, destinan para medios, una cifra exigua a todos los niveles para prevención y extinción. Después, si toca la china y no salen los dos seises en el juego de la lotería, mala suerte. Habrá que poner medios de malas maneras, deprisa y corriendo, despacio y tardíos, obsoletos, del estado, de la comunidad, de Europa o del sursum corda. El caso es apagar, aunque sea mucho más lo quemado.
Esos dineros que se presupuestan, se distribuyen de diversas maneras en personal y medios.
La UME, Unión militar de Emergencias, creada para apoyar en desastres naturales, tiene un volumen de 1.400 efectivos (datos 2024). Con posibilidad de llegar a los 2.000. Es evidente que esa tropa constituye el recurso estatal mejor para actuar contra los incendios. Tiene el inconveniente de un posible segundo costo añadido. En conversaciones con un bombero forestal de Castilla La Mancha sobre el tema hace unos años preparando unos trabajos, me aseguró que, a las intervenciones de la UME, seguían facturas de la UME hacia las comunidades intervenidas. Facturas de un ente, el ejército, que tiene su propio presupuesto. Era una razón de peso por la que las comunidades autónomas dudaban en pasar a un nivel superior. Cierto que este hecho, por mucho que he investigado, no lo he podido contrastar. Ni eso ni lo contrario. Hay poca transparencia al hablar sobre actuaciones de la UME.
De ser cierto eso, a pesar del oscurantismo del ejército y del propio gobierno de turno sobre este punto tan poco ético, vendríamos a tener unos ingresos alegales que pondrían palos en las ruedas de la propia UME.
Pasemos a los medios técnicos
La administración central dispone de 18 aviones anfibios “Canadian” de alta capacidad (6.000 litros de agua en una carga). De ellos, suelen estar operativos dos tercios. Distribuidos en las bases de Santiago, Salamanca, Badajoz, Madrid, Zaragoza y Pollença (Mallorca). Además, unos 60 helicópteros de todos los tipos y aplicaciones están en la nómina del gobierno para estos fines. Hay que decir que en 2024 se autorizó la compra de siete aviones DHC-515 Canadian con un plazo de 8 años para que estén operativos. Pueden descargar 20.000 litros de agua en una sola descarga. El valor del contrato es de 375 millones de euros. Es decir, 54 millones de costo unitario.
El costo medio de un helicóptero Bell para extinción de incendios es de entre los tres millones y medio y los cuatro millones de euros. Los medios aéreos de la administración estatal están a cargo del 43 grupo del Ejército del aire.
Ahora, los medios de los territorios y nacionalidades en el Estado español. Como cada una de estas administraciones son autónomas, pasamos a relatar los medios que una de ellas tiene a su disposición. Hablemos de la de Aragón. El resto es similar.
En el curso 2025, Aragón, mediante el INFOAR, ha presupuestado, tanto para labores de prevención como de extinción, la cifra de 49 millones de euros. Comparemos esta cifra con la que el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno aragonés dedican a la construcción de un estadio de fútbol innecesario (150 millones). Los 49 millones dan para trabajar 627 personas de manera continua y discontinua.
Para ello, prevención y extinción, se cuenta con 62 bomberos y bomberas forestales terrestres. Entre ellas, 8 helitransportadas. Aproximadamente, 400 personas. Aventuro que más de la mitad de contratos son por los 3 meses de campaña, tan solo. El dispositivo cuenta con 43 vehículos autobombas con capacidad, la mayoría, de 3.500 litros de agua. La red de vigilancia, en época de campaña, está prevista para 9.496 jornadas completas. Es decir, en los 3 meses que dura la fase de activación, son poco más de 100 asalariados en la vigilancia de 80 puestos.
En cuanto a medios técnicos, se cuenta con nueve aeronaves (helicópteros), ocho de ellos de carga. Según la fuente Todomoney España 2025, el salario medio de las plantillas de extinción de incendios forestales en Aragón, incluyendo todo tipo de pagas extraordinarias y complementos, es de 32.000 euros al año. En esta estadística, como en las del cuento de un pollo de media, hay que tener en cuenta que los ingresos del personal que son funcionarios, de oficina, de dirección, político o de confianza son dos, tres o cuatro veces los del personal que apaga los incendios con mangueras, palas y picos. Para poner las cosas en su lugar, estos efectivos reclaman, entre otras cosas, mayores salarios y no es difícil aventurar que sus ingresos anuales no suban de 25.000 euros.
Por hacer una somera comparativa, Castilla-León, tan en boga este año con los incendios de Las Médulas, de los parajes cercanos, nuevamente, a la Sierra de las Culebras y otros, destina 31 millones de euros a los salarios de los bomberos y las bomberas forestales con contratación por TRAGSA y un total de 2.406 de todos los tipos. Entre ellos 1.527 denominados "peones" con 300 capataces y 193 conductores. Bomberos y bomberas forestales, con categoría de "peón", denuncian que su salario mes es de 1.100 a 1.200 euros.
4. ¡SEÑOR, TEN PIEDAD!
Con lo que viene a continuación, podríamos exclamar este grito sin rebozo alguno y con rabia, con mucha rabia. ¿Es suficiente este gasto, estos presupuestos, para combatir los incendios? A la vista de los resultados, claramente no.
Por supuesto, todos los incendios, hasta la fecha, han quedado controlados. Si queremos el término literal, a trancas y barrancas, con lo gastado hemos apagado todos los fuegos. Contemos que el costo económico de cada hectárea quemada (sumando costos de medios humanos y técnicos, de limpieza, de reforestación, de vidas humanas, de pérdidas de bienes, ecológicos, paisajísticos, en fauna y flora eliminados, etcétera) puede acercarse a 40.000 euros. Y, aún con este montante, algunos de los valores no se pagan (paisaje, flora, fauna, vidas humanas). Pues bien, si por una de esas elucubraciones que, de vez en cuando, debe hacerse por parte de alguien, ya que no lo hace casi nadie de quienes se llaman nuestros representantes, el montante de sucio dinero de los 8,75 millones de hectáreas quemadas desde 1960, ascendería a la astronómica cantidad de 348.000 millones de euros, mil millones más, mil menos.
Que ni mucho menos es el montante de la cantidad del presupuesto destinada a prevenir y, en su momento, extinguir los incendios a lo largo de estos 65 años. Será la cuantificación de lo que se ha gastado en los 8,95 millones de hectáreas quemadas, pero no la cantidad presupuestada para evitar que se quemaran.
Si queremos saber, aproximadamente, lo que se ha presupuestado en estos 65 años, con la multiplicación de lo presupuestado en uno de estos últimos años entre el gobierno central y los de las autonomías por ese número de años, lo tendremos. Como es difícil de obtener, no lo ponen fácil, aventuro que es, miaja más o menos, 41.000 millones. ¡Nueve veces menos de lo gastado!
Ahora, solo hace falta imaginar, prever, aventurar, estudiar, cuántas hectáreas de menos se habrían quemado si, en los presupuestos, se hubieran destinado el doble, el triple a la prevención. ¿La mitad, la tercera parte? Solo con imaginar que, si se hubiera doblado la cifra para prevención, se hubiera quemado la mitad y, entonces, además de evitar la calva negra de una superficie del tamaño de Aragón, nos habríamos ahorrado en su extinción, limpieza posterior, aclareo y reforestación, una cifra cercana a 175.000 millones. Hubiera sido el mejor negocio de la ecología española. Alucinante ¿no? Pues bien, pese a todos los consejos en esta dirección de técnicos, científicos, habitantes del medio rural, personas normales y paranormales, la práctica totalidad de nuestros políticos, en este asunto, y durante 65 años, ha seguido el camino de la estupidez que pareció reprobar Einstein: "Dos cosas son infinitas: el universo y la estupidez humana; y no estoy seguro sobre el universo."
Consulta aquí las tres entregas de este trabajo.
