La ciudadanía normal no nos creemos eso de las tres patas de Montesquieu, mucho menos desde que un alto emérito y delincuente insigne dijo lo de “La justicia es igual para todos”. Y, luego, a puerta cerrada, se tronchó de risa, hasta ahora.
Podrían ser los apellidos de dos personas cualesquiera, y lo son, con el añadido de que, de cuando en cuando, llevan togas.
Los dos apellidos son famosillos, de los que responden a aquello de “por sus hechos, los conoceréis”.
Uno, intentando mandar a la trena al fiscal jefe español, Álvaro García. Cualquiera podría suponer que lo intenta en el más puro estilo testicular. Quizá, uniéndolo al mensaje de su espíritu santo particular −hay gentes de todo tipo y pelaje, incluso ministros que condecoran a tallas de madera− que le susurra “Es él, es él, que te lo digo yo”.
Porque pruebas, lo que se dice pruebas, ninguna. Es más, ignora, cuidadosamente, los testimonios de un montón de personas, entre ellas varios periodistas, que dicen, bajo juramento, lo contrario de lo que parece susurrar su palomita particular.
Otro, intentando llevar a mal traer a la señora del presidente actual. Seguramente, no hacen muy buenas migas, aunque eso no es motivo. Tampoco tiene mucho en donde rascar, aunque por ganas no es, rascar hasta dejarse las uñas, por supuesto que lo hace. No podemos saber si algún palomo —reivindico el sexo varonil del animalito, en este caso— le susurra al oído indicios a descubrir. Sí parece que, a tozudez, le ganan pocos, incluso sin ser de Calatorao, con permiso especial de las buenísimas gentes de este maravilloso pueblo de la vega del Jalón cuya constancia es una virtud y no un defecto.
Desgraciada y últimamente, son frecuentes los casos en que un poder judicial, sin más freno que el corporativismo y un poder que excede, al parecer mucho, de su alícuota parte en el reparto democrático, personalizado en demasiados nombres, abunda en el tráfago de rifirrafes cotidiano en donde no se percibe muy bien si el rifi es judicial, el rafe es legislativo o su pelotera se extiende por los ámbitos legislativo, judicial y ejecutivo, todo junto.
Por supuesto, este mal-hacer redunda en perjuicio de las tres patas, es decir, de esta parca y poco magra democracia con la que, hoy, se “disfruta” menos. Claro que, peor nos iría —en ese caso, de la democracia no habría más que los huesos— si se formalizase la unión conyugal de tal poder con la cuadrilla de Abascal. Vamos, que repitieran la sociedad de hace medio siglo bajo el general de la voz de pito, las ansias de asesinar y un solo testículo por montera.
La ciudadanía normal, incluso la que no lo es, no nos creemos eso de las tres patas de Montesquieu. Con semejantes peloteras en función de quien es el perjudicado, menos. Cada vez menos y cada vez peor. Tampoco aquello que dijo un alto emérito, delincuente insigne, "La justicia es igual para todos". Y, luego, a puerta cerrada, se puso a carcajear.
Cuando pienso en estas cosas, en tantos apellidos de los de toga en boga, recuerdo eso del “Alguacil, alguacilado” del inmortal Quevedo. Solo que la sátira en el coloquio entre el Diablo y el clérigo, podría adaptarse tanto a la iglesia como, en este caso, al poder judicial.
Esta camorra, la de aquí, que tanto se parece a la italiana, no da mucho más de sí. Alguien tiene que ponerle coto a un poder que solo lo encuentra en el corporativismo −compañerismo mal entendido−. Incluso los pocos jueces con verso distinto del de los presuntos prevaricadores, disculpan demasiadas veces estos lances, estas disputas, estas independencias que no son otra cosa más que poderes absolutos. En medios informativos, escuchamos aparecer como probado que algunos jueces en candelero están comprados por el partido popular.
Urge que la exigua democracia que nos va quedando ponga freno, bocado y bridas a esta situación. Urge el control externo que temple y regule el cesarismo de los jueces, de algunos por lo menos. Control que podría pasar por la supervisión de sus actuaciones a cargo de una serie de personas elegidas en el estado para esa función esencial de control, en base a su sentido común y honestidad. Méritos ambos que suelen estar en ciudadanos/ciudadanas corrientes y molientes en proporción bastante mayor que en las ilustres.
Y que esta comisión decidiera qué jueces prevarican en su oficio para dejar de serlo e ir caminito de la cárcel por una temporada, como cualquier delincuente.
Urge, porque, de lo contrario, las huestes de los hunos avanzarán hasta reencontrarse en charcas que nunca debieron de haber sido, mucho menos repetirse.
