Izquierda Unida presenta una moción en el pleno de las Cortes para "evitar que la figuras del PIGA (Proyecto de Interés General de Aragón) y DIGA (Declaración de Interés General de Aragón) se desvirtúen", y que "realmente respondan al interés general, garantizando beneficios tangibles para el conjunto del territorio y la ciudadanía aragonesa, no solo para los intereses empresariales, tal y como está sucediendo".
La moción, dimanante de la interpelación que el portavoz parlamentario de IU Aragón, Álvaro Sanz, formuló al consejero de Fomento, Octavio López, la pasada sesión de control al gobierno, tiene el objetivo de regular de forma "clara, objetiva y transparente" las Declaraciones de Interés General de Aragón (DIGAs) que, hasta ahora, se han utilizado de forma "creciente, discrecional y, en muchos casos, sin garantías suficientes para la ciudadanía ni para los municipios afectados", apunta Sanz.
Desde hace más de 20 años, el Gobierno aragonés dispone de instrumentos legales como los PIGAs para facilitar la implantación de proyectos estratégicos, ya sean promovidos por la administración pública o por iniciativa privada. "Estas declaraciones conllevan beneficios urbanísticos, fiscales, administrativos y hasta la posibilidad de expropiar terrenos", explica el diputado de Izquierda Unida quien denuncia que esta figura ha sido objeto de "abuso reciente". En menos de dos años, el actual Ejecutivo aragonés ha declarado 14 DIGAs, igualando en número a los aprobados en las dos décadas anteriores. Para Sanz, "faltan de criterios claros y garantías efectivas de cumplimiento de los compromisos adquiridos por las empresas beneficiadas".
Con su iniciativa, Izquierda Unida plantea modificar la Ley de Ordenación del Territorio de Aragón (LOTA) y desarrollar otras normas que fijen criterios "objetivos y evaluables" para la determinación de las Declaraciones de Interés General de Aragón. Con esta propuesta pretenden que, "dentro de una consideración al criterio del gobierno de turno, no resulte abusivo ni incomprensible, al menos en los siguientes ejes: establecer criterios objetivos y evaluables para determinar qué proyectos merecen esta declaración; garantizar la cohesión territorial, evitando la concentración de proyectos solo en zonas ya desarrolladas; vincular la declaración a compromisos concretos de empleo, tanto en cantidad como en calidad, y con un seguimiento mínimo de diez años; reforzar el cumplimiento ambiental, eliminando excepciones y asegurando la vigilancia y sanción efectiva ante incumplimientos; mejorar la transparencia y participación ciudadana, tanto en la aprobación de los proyectos como en su seguimiento; respetar la autonomía municipal, especialmente en aspectos fiscales como la bonificación del ICIO (Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras), que debe seguir siendo potestad de los ayuntamientos y establecer mecanismos de compensación, para que, en caso de incumplimiento, tanto el Gobierno como los ayuntamientos puedan resarcirse por los beneficios concedidos sin contraprestación real".
"Es urgente que el Gobierno de Aragón deje de poner alfombras rojas y use las declaraciones de interés general para garantizar beneficios tangibles al conjunto del territorio y la ciudadanía", concluye Sanz.
