A pesar de la lluvia, 200 docentes se concentraron en Zaragoza ayer, 25 de marzo de 2013, en defensa de la Escuela Pública y para pedir el fin de los conciertos educativos.
Esta es la primera acción de una campaña que van a llevar a cabo las organizaciones CGT, IU, Marea Verde, Mhuel y STEA en contra de los Conciertos y en defensa de la Escuela Pública. La finalidad de esta campaña es denunciar que la política de recortes, tanto en Aragón como en el estado, esconde una política de privatizaciones.
Durante la concentración se escucharon consignas por la supresión de la Concertada y pidiendo la dimisión de la Consejera Serrat y del ministro Wert. Tras casi una hora de concentración bajo la lluvia se leyó el siguiente comunicado:
Manifiesto concentración 25 de marzo de 2013, “La Educación no es un servicio es un Derecho”:
Cuando nuestros gobernantes hablan de la Educación o de la Sanidad se refieren a ellas como servicios y como actividades económicas que pueden ser suministradas privadamente en competencia mercantil. Para nosotros y nosotras, la ciudadanía, son Derechos que el Estado debe garantizar a todos y todas por igual, sin distinción de clases, razas o sexos.
Con el pretexto de la crisis, los procesos de privatización se han acelerado y se impulsan con descaro. Pero llevan muchos años horadando el edificio con medidas parciales y socavando sus cimientos usando un lenguaje que oculta sus propósitos. Cuando se habla de “centros sostenidos con fondos públicos”, todos entendemos colegios privados, que se escudan en el derecho a la elección de centro, pero lo que buscan es el beneficio de sus propietarios sin riesgo alguno y el control ideológico.
En el Estado español nunca ha existido una verdadera Escuela Pública. La transición no puso coto al poder educativo conseguido por las congregaciones religiosas durante el franquismo y dejó un sistema educativo basado en una doble red de centros, en el que la parte privada, esencialmente de la Iglesia católica, ha acabado siendo financiada casi en su totalidad con fondos públicos. Hoy en día, tanto el gobierno central como el aragonés, han decidido romper a favor de la escuela privada, el frágil equilibrio mantenido durante años entre ambas redes. Quieren una escuela pública subsidiaria de la privada.
Para ello, la apoyan directa e indirectamente, mientras atacan y socavan la escuela pública. La tijera no recorta a todos por igual. En Aragón, los presupuestos de la pública se han reducido un 14% mientras que los de la concertada sólo un 2%. Se reducen todas las plantillas, salvo la de los profesores de religión. Los repartos también son recortes: una parte de lo que a unos se les quita, a los otros se les regala, sean becas de comedor o libros de texto. Las normativas se cambian para crear ventajas en la privada e inconvenientes en la pública, como la orden de bilingüismo. La permisividad en el incumplimiento de los conciertos es la norma.
Se sabe que se exigen cuotas a los padres que luego desgravan fiscalmente, o que se selecciona al alumnado buscando reducir la diversidad, pero nada se hace para corregirlo. A los mismos objetivos contribuye la Ley Wert, cuando amplía y garantiza los conciertos, cuando introduce mecanismos de competencia, cuando trata de consolidar el poder de la iglesia en el adoctrinamiento de la infancia. Los conciertos con la privada son la plataforma desde la que se destruye la escuela pública. Todo ello se ve agravado por la connivencia entre quienes gestionan lo público y quienes defienden intereses privados. Hay que defender y reconstruir la escuela pública, gratuita, laica, democrática y participativa, acabando aquello que la transición dejó a medias.
Queremos una escuela pública que vertebre el sistema educativo y que realice las funciones de integración social y cultural que le son propias. Queremos una escuela gratuita, garantía de la equidad y compensadora de las desigualdades. Queremos una escuela laica, respetuosa con la libertad de conciencia de las familias, estudiantes, profesorado y trabajadores. Queremos una escuela democrática y participativa. No queremos competencia entre los centros.Queremos centros competentes con una adecuada planificación educativa y que el estado cumpla con su función, dedicando los recursos necesarios para dicho fin. Si se quiere, se puede.
