La Plataforma Aguilar Natural presentó en 2024 una demanda contencioso-administrativa contra las resoluciones otorgadas por la Administración General del Estado a la línea de alta tensión Mezquita-Platea (Teruel) de Red Eléctrica de España (REE) de 400 kV. Asimismo, en 2023 presentó denuncia ante la fiscalía de Teruel por la ejecución de las cimentaciones de la línea eléctrica, "dado que no habían finalizado los trámites que habilitaban la ejecución de dichas labores". Además, la Plataforma sostiene que al llevar a cabo estas obras, "REE habría cometido, presuntamente, delitos ambientales y de usurpación de la propiedad privada". Esta denuncia ha derivado en la apertura de unas diligencias previas en los juzgados de instrucción.
En una nota de prensa, la Plataforma Aguilar Natural informa que este miércoles, 22 de enero, recibió la documentación solicitada al Ayuntamiento de Teruel que "contiene pruebas sobre lo que sostenemos" y que "demostrarían la comisión, presunta, de prevaricación y vulneración de la legislación de evaluación ambiental y del sector eléctrico".
En concreto, la Plataforma Aguilar Natural detalla que "dos documentos son críticos a la hora de probar lo que afirmamos". "Uno es la autorización de construcción de la subestación Platea. Esta resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas (MITECO) tiene fecha de 12 de enero de 2023, sin embargo, las obras se iniciaron en 2022, tal y como acreditó la propia REE en una nota de prensa del 19 de julio de 2022".
"Es decir, REE construyó la subestación Platea sin la obligada autorización de construcción, vulnerando con ello la legislación sectorial", advierten desde la Plataforma para señalar que "la legislación es muy clara respecto a la necesidad de esta autorización". Así, recuerdan el artículo 53.1.b de la ley 24/2013 del sector eléctrico: b) Autorización administrativa de construcción, que permite al titular realizar la construcción de la instalación cumpliendo los requisitos técnicos exigibles".
El segundo documento al que hace referencia la Plataforma Aguilar Natural es una comunicación del 19 de noviembre de 2019 de REE al Ayuntamiento de Teruel, "poco antes de que caducara, a primeros de diciembre de 2019, la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de la Subestación, cuestión que solo podía evitarse con el inicio de las obras de la instalación". En este contexto, "la empresa transmitió al consistorio la realización de 'trabajos preparatorios del terreno en la parcela donde se va a emplazar la subestación de Platea 400 kV".
En este sentido, la Plataforma Aguilar Natural afirma, en primer lugar, que "estas labores no impedían la caducidad de la DIA de la subestación, porque eran simples trabajos preparatorios, no de ejecución de la obra". "De hecho —añaden en la nota—, la infraestructura, aunque tenía la autorización administrativa previa desde 2012, no contaba con la pertinente autorización de construcción, que no solicitó hasta mayo de 2022 y no obtuvo, como hemos visto, hasta enero de 2023, aunque realizó las obras sin tener el mencionado permiso".
En segundo lugar, la Plataforma Aguilar Natural indica que "aún aceptando que esos trabajos preparatorios fueran el inicio de las obras de la subestación, REE los comunicó únicamente en lo tocante a la subestación, no a la línea Mezquita-Platea, para la cual la DIA perdía vigencia en la misma fecha que la subestación". "Eso significa, como sostenemos desde hace años, que la DIA de la línea de alta tensión está caducada desde diciembre de 2019", remarcan en la nota.
Por estos motivos, la Plataforma Aguilar Natural denuncia que los trabajos de cimentación de la línea que REE realizó en 2023 "se hicieron fuera de los efectos de la DIA" y, "por tanto, vulnerando, presuntamente, la legislación de evaluación ambiental, a lo que podrían añadirse presuntos delitos contra el medioambiente y la propiedad privada".
Asimismo, "la autorización administrativa previa concedida a la línea de alta tensión el 13 de enero de 2023 por la Dirección General de Política Energética y Minas (MITECO), al estar caducada la DIA, no podía emitirse, lo que, presuntamente, implicaría prevaricación ambiental (artículo 329 del Código Penal)", concluye la Plataforma Aguilar Natural.
