El sindicato STEA-i ha mostrado su rechazo al concierto de la ESO en Samianigo. En una nota de prensa, exponen que teniendo en cuenta los datos de escolarización que disponen, actualizados a 10 de enero de 2025, se observa que los centros de enseñanza secundaria de Samianigo "disponen de vacantes", lo que "evidencia que la red de institutos públicos es suficiente para atender la demanda educativa". "En este contexto, no existe justificación alguna para financiar con fondos públicos una oferta educativa privada, no hay una necesidad real crear nuevas aulas para escolarizar al alumnado de la zona", advierten.
Para STEA-i, "este concierto, lejos de mejorar la situación educativa de la localidad, amenaza con desestabilizar el equilibrio existente en la red pública". "La asignación de fondos públicos a un centro concertado en un entorno con vacantes suficientes en la pública supone un claro riesgo de cierre de sus aulas, lo que conllevaría la pérdida de recursos y puestos de trabajo. Además, una medida de este tipo refuerza la desigualdad educativa al desviar recursos que deberían destinarse a mejorar las condiciones de los centros públicos ya existentes y garantizar una educación equitativa para todo el alumnado", remarca el sindicato.
Desde STEA-i consideran que las políticas educativas "deben centrarse en fortalecer nuestra enseñanza pública", que "es la que garantiza la igualdad de oportunidades y la inclusión educativa". Por eso, exigen al Gobierno de Aragón que "reconsidere esta decisión" y "priorice la inversión en los institutos públicos de la zona", que "actualmente cuentan con plazas suficientes para atender a todo el alumnado".
Al sindicato también le preocupa "el impacto" que esta medida puede tener "a medio y largo plazo". "El debilitamiento de la enseñanza pública no solo afecta a los derechos del alumnado y del profesorado, sino que también perjudica a toda la comunidad educativa y a la cohesión social de nuestro territorio", inciden en la nota.
En este sentido, STEA-i afirma que "en el modelo que caracteriza a los centros concertados, la contratación del profesorado se realiza de forma opaca y sin las garantías de igualdad, mérito y capacidad que sí exige la enseñanza pública". Además, "la gran mayoría de estos centros estructuran su enseñanza en torno a valores confesionales, promoviendo una educación basada en la religión que contradice el principio de laicidad y que para nada representa la pluralidad de la sociedad actual. Este modelo no solo perpetúa desigualdades, sino que también desvirtúa la función esencial de la educación como herramienta para la inclusión y el desarrollo integral del alumnado".
Por último, STEA-i hace un llamamiento a "la comunidad educativa, a las familias y a toda la ciudadanía" para que "se unan a nuestra denuncia" y "defiendan una educación pública fuerte, inclusiva y de calidad". "La enseñanza pública no necesita competencia artificial; necesita apoyo y recursos", concluye el sindicato.
