La "campaña DNI" que llama a hacer frente a identificaciones, muchas veces arbitrarias, injustas y racistas, fue lanzada por la Plataforma por la Desobediencia Civil (PDC) ante la tendencia a identificar e imponer multas a participantes en actividades políticas, con el objetivo de desactivar la movilización social. Con el lanzamiento de una página web se facilitan recomendaciones a quienes participen activamente en la campaña y se ofrece la posibilidad de enviar faxes a responsables políticos como método de protesta. Cerca de 3.000 personas se han adherido ya a esta campaña.
Desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana 1/1992 (“Ley Corcuera”), las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están autorizadas, en teoría, a pedir la documentación a cualquier persona que se sospeche que pueda estar cometiendo un delito. La tendencia creciente es la de emplear esta prerrogativa de forma arbitraria. Es frecuente observar a agentes pidiendo el carnet a personas en función de su color de piel o de su aspecto, así como a personas que participan de movilizaciones sociales o actividades políticas.
246.000€ de recaudación en multas en Madrid en menos de dos años
Con la llegada de Cristina Cifuentes a la Delegación del Gobierno de Madrid se han incrementado considerablemente las sanciones a las personas identificadas aleatoriamente en las movilizaciones sociales, lo que supone de hecho una restricción importante al ejercicio de derechos fundamentales. Desde 15 de mayo de 2011, la recaudación por medio de multas asciende a 246.000 euros, lo que muestra esa tendencia.
Las sanciones suponen un grave problema económico para quien debe pagarlas, en el contexto de una ya de por sí grave situación económica. Se puede hablar de una represión “de baja intensidad” que desincentiva la protesta social.
Identificantes no identificados
Durante la presentación de la "campaña DNI", celebrada esta semana en Madrid, se puso en evidencia una de las mayores paradojas: muchos de quienes identifican no van correctamente identificados (lo que supone un incumplimiento reiterado de la Instrucción 13/2007 del Ministerio del Interior), lo que redunda en la impunidad de sus acciones y en la indefensión de la persona que es requerida a entregar su documentación.
Legalidad vs legitimidad
La "campaña DNI" quiere protestar contra todo ello mediante la no identificación colectiva, que expondrá el conflicto existente entre legalidad y legitimidad. Una iniciativa que no tienen consecuencias legales más allá del traslado a comisaría para la identificación, tal y como se explica en el manual de la campaña. La campaña incluye una iniciativa de envío de faxes, a través de la web Oiga.me, a la Presidencia del Gobierno, el Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno en Madrid exigiendo que se ponga fin a las identificaciones arbitrarias en las calles.
Ecologistas en Acción | Para AraInfo
