El Gabinete Jurídico de Comisiones Obreras de Aragón ha conseguido “que se reconozca el derecho de las personas sordas a disponer de Intérprete de Lengua de Signos Española (ILSE) a cargo del Juzgado”. El sindicato está defendiendo “a una persona sorda frente a su empresa en vía judicial: se interpuso reclamación de derecho y cantidad contra la empresa demandada en el orden social”.
Para garantizar los derechos que regula la Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las Lenguas de Signos Españolas (LSE) y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, el Gabinete Jurídico de CCOO Aragón solicitó “que el Juzgado pusiera a su disposición un Intérprete de Lengua de Signos adecuado, para las actuaciones en sede judicial, esto es, para los actos de conciliación judicial y juicio, y por cuenta del Juzgado. Pero, el Juzgado denegó en primera instancia la solicitud”, relatan desde el sindicato.
No obstante, el Gabinete Jurídico de CCOO presentó distintos escritos en los que se justificaba “la necesidad de que el Juzgado sea quién proporcione y sufrague el ILSE” para, de este modo, hacer efectivo el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, conforme el artículo 143.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que establece que: cuando una persona sorda tenga que ser interrogada, deba prestar alguna declaración o fuere preciso darle a conocer personalmente alguna resolución, se nombrará siempre al intérprete de lengua de signos adecuado. El fin de este artículo y de la mencionada Ley 27/2007, no es otro que garantizar la correcta comunicación de las personas sordas con la Administración, en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía.
Tras ello, y afortunadamente, el Juzgado ha acordado designar ILSE para los actos de conciliación y juicio. “El rechazo inicial del Juzgado a la designación de ILSE en un procedimiento judicial en el que interviene una persona sorda, además de una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, suponía un menoscabo en los principios de accesibilidad, independencia y no discriminación en la vida cotidiana de las personas con discapacidad. Pero el buen trabajo y la persistencia del Gabinete Jurídico de CCOO permitió lograr el objetivo”, recalcan desde el sindicato.
“Es una muy buena noticia que, en este caso, CCOO ha conseguido finalmente que se haga efectivo el derecho fundamental a que las personas sordas puedan acceder a la Administración de Justicia en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía. Puede ser un buen precedente, y en definitiva un avance en el ámbito de la interrelación de todas aquellas personas sordas con las Administraciones Publicas en general”, concluyen desde CCOO Aragón.
