Izquierda Unida ha solicitado la comparecencia de la consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, para que dé explicaciones ante el pleno de las Cortes de Aragón en relación con la política de protección de menores tras lo sucedido en el Centro de Atención de Menores (CAM) de Ateca.
Su Coordinador y portavoz parlamentario, Álvaro Sanz, ha registrado esta solicitud de comparecencia tras la rueda de prensa de la consejera Susín para dar cuenta de las medidas que está tomando el Gobierno respecto a la investigación abierta sobre el funcionamiento y gestión de este centro. Susín ha avanzado que abrirán "una investigación interna" e iniciarán "acciones contra la empresa".
Para Sanz, el Gobierno de Aragón “debe llegar hasta el final porque es responsabilidad de la administración garantizar los derechos y la protección de la infancia y adolescencia vulnerable” y “no se puede externalizar”. “IU no comparte el modelo de dejar en manos privadas los servicios de protección de la infancia y adolescencia y defiende su gestión directa desde lo público”, ha subrayado Sanz.
Sanz, que ha manifestado su preocupación por los presuntos hechos delictivos cometidos en el centro, ha reiterado la necesidad de que el Ejecutivo dé a conocer con detalle lo sucedido y sus causas. “La situación es muy grave”, ha lamentado para insistir en que la consejera debe dar explicaciones sobre la gestión y supervisión del centro.
CHA reclama "ceses o dimisiones de los responsables políticos"
Por su parte, CHA ha reiterado este viernes su "profunda preocupación" ante "los recientes acontecimientos en el centro de menores de Ateca y las revelaciones sobre las graves deficiencias en la comunicación interna que han salido a la luz". "La admisión por parte del Gobierno de Aragón sobre la existencia de fallos en la comunicación interna y la apertura de una investigación son pasos necesarios, pero insuficientes, políticamente hablando, ante la gravedad de los hechos", ha dicho Isabel Lasobras.
La secretaria general de CHA ha remarcado que "el reconocimiento de la consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, de que existían órdenes claras sobre la comunicación de cualquier incidencia y que estas no fueron cumplidas, pone en evidencia la falta de control y la negligencia en la gestión de un tema tan sensible como es la protección de menores". "La situación descrita, que incluye acusaciones tan graves como tortura, lesiones y agresión sexual, demanda no solo una investigación exhaustiva, sino también la asunción inmediata de responsabilidades políticas", ha añadido Lasobras.
En este sentido, desde CHA exigen "la dimisión o cese inmediato de los responsables políticos involucrados tras reconocerse que se ha fallado en garantizar la protección y el bienestar de los menores tutelados, comenzado por el Gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, muy ausente durante todo este proceso, desde que se conoció públicamente la noticia, a pesar de ser su competencia directa y, por tanto, es el primero que debe asumir las oportunas responsabilidades políticas".
También piden "transparencia total en la investigación" y que "la auditoría anunciada se realice con la máxima rigurosidad y que sus resultados sean públicos y accesibles a toda la ciudadanía", así como la "revisión y mejora de los protocolos de supervisión y comunicación en los centros de menores". "No solo en el caso de Ateca, sino en todos los centros gestionados o supervisados por el Gobierno de Aragón, para garantizar que situaciones como estas no vuelvan a repetirse", ha dicho Lasobras.
Del mismo modo, CHA demanda la revisión de los contratos con empresas gestoras de centros de menores. "Como ya ha anunciado el Gobierno de Aragón, es necesario que se tomen medidas para que empresas que incumplen los contratos y ponen en riesgo a los menores no vuelvan a trabajar con la administración pública", ha continuado Lasobras para exigir que se garanticen "suficientes recursos para este servicio y que sea prestado por profesionales cualificados, así como estudiar la reversión pública de cuantas actuaciones tengan que ver con las personas más vulnerables". "La protección de los menores es una responsabilidad ineludible del Gobierno y, como tal, no puede haber lugar para la impunidad o la falta de transparencia. Merecemos una gestión responsable y ética de los servicios públicos", ha subrayado.
Finalmente, CHA ha lamentado que el Grupo Parlamentario del PP "volviese a tratar de excusar la acción de gobierno porque ya llevan un año completo al frente del mismo". Igualmente desde CHA han condenado las declaraciones de los "exsocios del PP", el ultraderechista Vox, que a través de su portavoz, Alejandro Nolasco, "volvieron a cargar duramente con mensajes xenófobos y racistas contra los menores, cuando se ha demostrado que son las víctimas en este caso".
Esta semana, el sindicato CGT alertó de que ya había informado al IASS en diciembre de 2019 de "irregularidades" en el CAM de Ateca. Según el sindicato, lo ocurrido en el centro de menores "es producto de la externalización de estos servicios a empresas y organizaciones sin ánimo de lucro", y "por la dejación de funciones del IASS en el control de lo que en estos centros ocurre".
Por su parte, el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales ha pedido al Gobierno de Aragón que destine "todos los recursos necesarios" para atender a los niños y niñas víctimas del Centro de Ateca. En un comunicado, mostraban su preocupación por los hechos ocurridos y destacaban que "todos los recursos del sistema de protección y reforma" de Aragón "deberían ser de carácter público". También anunció que estudiará personarse como acusación particular y manifestó su compromiso en "seguir trabajando incansablemente para garantizar la calidad, la profesionalidad y la ética en toda la intervención que desarrollamos como profesionales de la Educación Social".
