El Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Aragón (CEES-Aragón) manifiesta su preocupación por los presuntos hechos delictivos cometidos en el Centro de Acogida de Menores (CAM) de Ateca que están siendo investigados por la Policía Judicial de la Guardia Civil de Zaragoza y que han supuesto que la jueza del Juzgado de Instrucción nº 2 de Calatayud haya decretado el cierre provisional del centro y prisión provisional, comunicada y sin fianza para cinco trabajadores, entre ellos el directos del centro, por supuestos delitos de lesiones, torturas, contra la integridad moral, agresión sexual, corrupción de menores y pertenencia a grupo criminal, hacia menores internos.
El Centro de Ateca está gestionado por la UTE Fundación Salud y Comunidad y el Grupo Lagunduz mediante concierto con el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), recuerda en comunicado el CEES-Aragón.
"Los presuntos hechos delictivos son de tal gravedad que requieren de la necesaria prudencia y responsabilidad de todas aquellas personas, profesionales y entidades cercanas al procedimiento para que el sistema judicial dictamine lo ocurrido y se tomen las medidas oportunas", destaca en el comunicado. Mientras esto ocurre, piden a la administración que "ponga a disposición de las familias denunciantes y de los niños y niñas victimas los recursos necesarios para que puedan sentirse protegidas y acompañadas en este proceso tan doloroso".
El CEES-Aragón considera que "todos los recursos del sistema de protección y reforma" de Aragón "deberían ser de carácter público, obviando las externalizaciones con entidades privadas, pues el objeto de intervención son la infancia más vulnerable y sus familias".
El CEES-Aragón ha denunciado en "innumerables ocasiones, desde hace muchos años y con diferentes gobiernos autonómicos", la "insuficiente falta de control y supervisión por parte del Instituto Aragonés de Servicios Sociales de los conciertos con las entidades privadas, pliegos en los que se incumplen demasiadas veces, algunas de las condiciones que la propia administración marca, prestaciones laborales, protocolos de actuación o titulaciones de profesionales, entre otras".
El CEES-Aragón quiere poner en valor "el buen hacer profesional de nuestras compañeras y compañeros educadores y educadoras sociales en las direcciones provinciales del IASS y en los diferentes centros de protección y reforma" de Aragón, "profesionales con formación, compromiso y experiencia en atención socioeducativa a niños, niñas y adolescentes que por diferentes circunstancias se encuentran en el sistema de protección y reforma"
En opinión del CEES-Aragón, la mejora de las condiciones laborales, retribuciones, descansos y ratios de quienes trabajan en los centros de protección y reforma "aseguraría la continuidad de los equipos educativos que son el referente para los niños, las niñas y adolescentes que se encuentran en el sistema de protección", así como "una formación continua, adecuada y de calidad, basada en el buen trato a la infancia y adolescencia, priorizando de verdad, el interés superior del menor, con una atención individualizada y de calidad que garantice su bienestar, su protección, cuidado y desarrollo".
El CEES-Aragón reitera y exige la colegiación obligatoria, "como marca la legislación aragonesa para el ejercicio de la profesión de educador o educadora social", que "garantiza que todo profesional contratado es educador o educadora social" y "que tiene la obligación de cumplir el código deontológico de la profesión evitando así el intrusismo profesional que tanto daño está haciendo".
El CEES-Aragón manifiesta su compromiso en "seguir trabajando incansablemente para garantizar la calidad, la profesionalidad y la ética en toda la intervención que desarrollamos como profesionales de la Educación Social". "En esta tarea es indispensable la creación del Grado de Educación Social en la Universidad de Zaragoza, a la cual solicitamos una mesa de diálogo y negociación para su puesta en marcha", destaca el comunicado.
El CEES-Aragón anuncia que estudiará personarse como acusación particular en esta causa. Y, por último, señala que se pone a disposición del IASS para "trabajar conjuntamente en garantizar el bienestar de los niños, niñas y adolescentes del sistema de protección y reforma" de Aragón, "así como de la ciudadanía en general".
