Los sindicatos se han reunido, junto con la representación de las trabajadoras y trabajadores del sector, para abordar “la necesidad de sentar a las entidades (empresas gestoras) en una mesa negociadora” y poder llevar a cabo intervenciones conjuntas “para mejorar la situación laboral de las profesionales que atienden a las niñas, niños y adolescentes en situación de exclusión social y vulnerabilidad” de nuestro país.
Angélica Mazo, representante de UGT ha señalado que “la unidad sindical es un paso clave frente a aquellas entidades que no nos quieren escuchar y a la administración pública que debe implicarse. No pueden seguir sordos y ciegos ante la precariedad laboral en el sector”.
En la reunión se ha acordado convocar a las entidades del ámbito social que trabajan en la atención a la infancia y adolescencia en Aragón. “Los gerentes de las entidades reconocen la precarización del servicio, ya que son las propias entidades las que tienen verdaderas dificultades para poder gestionar los recursos dignamente”, aseguran desde los sindicatos.
La reunión se ha propuesto para el día 17 de mayo “en la sede de UGT y las entidades convocadas van a ser las siguientes: FAIM, YMCA, Aldeas Infantiles, KAIROS, FEPAS y Federico Ozanam”, y se espera la asistencia de todas ellas. “El reto que tenemos por delante es conseguir avances significativos en la puesta en marcha de una mesa negociadora de un Convenio Aragonés junto a los sindicatos con representación en el sector y las entidades que gestionan recursos del IASS”, recalcan.
La administración pública aragonesa “es conocedora de la situación precaria del sector”
Miembros de la Plataforma SOS Refor, junto con los representantes de las trabajadoras y trabajadores, ya se reunieron el pasado 29 de abril con el Director Gerente del IASS, Ángel Val “a quien acompañó el asesor de Servicios Sociales de la consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Marín Susín”.
El colectivo de profesionales que conforman las plantillas de los recursos de atención a la infancia y adolescencia vienen reclamando desde 2019 “que la administración pública intervenga en la negociación del Convenio Aragonés, en calidad de responsable de las y los menores tutelados por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS)”.
“En dicha reunión, Ángel Val manifestó, una vez más, la negativa a intervenir en la reivindicación que la plataforma solicita, ya que lo enmarca en ‘un conflicto entre empresas y trabajadores’ y reitera que ‘sólo se puede comprometer a respetar en futuras licitaciones lo que en la mesa de negociación se acuerde’, como no puede ser de otra manera”, relatan desde la Plataforma.
Por ello, Sos Refor le recuerda “que son servicios públicos externalizados gestionados por entidades privadas sin ánimo de lucro, de los cuales son ellos responsables. Las políticas sociales tienen el cometido de atender y cuidar al menor, por lo que no es comprensible que se olviden de las y los profesionales que hacen su trabajo de manera ejemplar, siendo abocadas a la precariedad”, enfatizaba Jesús Esteban, representante de CCOO en la plataforma.
“El Gerente del IASS ha aprobado una subida del precio-plaza de los centros concertados por la administración pública de un 4.3%, pero no se contempla la subida salarial para las profesionales que atienden de forma directa a los usuarios”, recalcan.
La Plataforma por un Convenio Aragonés, en su asamblea celebrada el pasado 25 de mayo, debatió sobre los próximos pasos a dar “viendo la situación de bloqueo existente en este momento. La única salida que nos dejan tanto la administración, como las empresas que gestionan los centros de menores, es el paro sectorial”, aseguraba Héctor García, representante de CGT, que añadía que “lo hemos intentado todo: comparecencia en Cortes, concentraciones en plaza España y puerta del IASS, una PNL que el gobierno popular junto con sus socios de gobierno han tumbado, etc, y los trabajadores ya no podemos más”.
Pese a todo, esperan seguir los pasos de otros territorios “y negociar un convenio propio que dignifique la labor de las profesionales del sector con mejoras salariales, reducción de horas semanales, mejora de los complementos de turnicidad, festividad, peligrosidad, antigüedad, así como de las políticas de conciliación, porque no debemos olvidar que es un sector feminizado y trabajamos los 365 días del año, con el añadido de tener altas cargas de estrés”.
La profesión del Educador Social es la más representativa del sector y en estos momentos “resulta complicado encontrar profesionales para cubrir vacantes, vacaciones y bajas porque los que hay se marchan cuando tienen oportunidad, en búsqueda de mejores condiciones laborarles en el sector social o fuera de él”, aseguran desde la Plataforma, y recalcan que “las entidades son las primeras interesadas en cuidar al profesional y consolidar las plantillas”.
Finalmente plantean una reflexión: “¿cómo estamos atendiendo al menor que viene de una situación declarada de riesgo y sufre abandono? porque cuando establece relación con su educador éste se marcha, y lamentablemente es el menor el primero que sufre”, y añaden que “las causas son múltiples, pero sobre todo es debido a la fuga de profesionales, a los contratos eventuales, a la precariedad salarial y a la escasa profesionalización”.
“Tenemos una responsabilidad dentro de la plataforma que es la atención integral del menor, como eje principal de nuestra reivindicación. Agradecemos el apoyo de los sindicatos para conseguir constituir una mesa negociadora, donde el que se siente pueda defender políticas sociales bajo el paraguas de un Convenio Aragonés digno”, concluyen desde la Plataforma.
Por su parte, CGT, UGT y CCOO recuerdan “que la atención al menor no debe ser deficiente y se debe velar por los intereses del menor, poniendo en valor la función de las trabajadoras y trabajadores de los recursos de prevención, reforma y protección de menores de Aragón”.
Por todo ello, y apelando al principio fundamental de toda entidad social “en la que sus prioridades se basan en la ayuda y apoyo a los más desfavorecidos” además de tener la responsabilidad de “proporcionar igualdad de oportunidades para los más vulnerables”, confían “en que el día 17 de mayo las entidades convocadas no faltarán a la reunión”.
