La Plataforma de Acción por la Memoria en Aragón (PAMA) califica de "demoledor" el informe que hace la ONU, publicado este mismo viernes. "En ese contundente documento se reconocen y ratifican muchos de los planteamiento que, con ocasión de la derogación de la Ley de Memoria Democrática de Aragón, hizo esta Plataforma", apuntan en una nota de prensa. También recoge el texto de los relatores de Naciones Unidas "las reiteradas denuncias que PAMA, las asociaciones de víctimas de familiares, la izquierda y todas las personas democráticas", han hecho sobre las políticas de memoria puestas en marcha por la ultraderecha con la permisividad y apoyo del Partido Popular.
"Lo que dijimos en sede parlamentaria cuando derogaban la Ley de Memoria Democrática de Aragón lo expresa el informe de la ONU", señala el coordinador de IU Aragón, Álvaro Sanz, en otra nota de prensa. "La ONU es durísima con los gobiernos PP-Vox y, especialmente con el nuestro que es quien se ha empeñado en liderar la carrera del desmantelamiento de las políticas de memoria democrática. Por eso, en especial referencia a nuestro caso, el informe nos da la razón cuando afirma que las presuntas leyes, o planes de concordia, tapan las violaciones de derechos humanos del franquismo", continúa Sanz.
Para PAMA y también para IU, el informe de la ONU deja claro que PP-Vox no condenan el franquismo ni la dictadura y vulneran la obligación del Gobierno de garantizar la memoria democrática, "porque sus leyes y políticas de memoria democrática ordenan su supresión y condenan al olvido a las víctimas de franquismo". "Sus políticas de memoria, basadas en el odio y el rencor, vuelven a abandonarlas y suprimen los pocos avances que, en 46 años de democracia, se habían conseguido", subraya PAMA.
"Igualmente, el informe de la ONU recuerda que el Estado español, y por lo tanto los gobierno autonómicos, están obligados a cumplir con la norma que imponen los tratados sobre derechos humanos firmados y, en función de ello, a la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y el derecho a la no repetición", remarca Álvaro Sanz.
"En este informe también se da la razón a Izquierda Unida, y al movimiento memorialista, cuando exigen a los gobiernos, especialmente al de Aragón, la puesta en marcha y desarrollo de procesos de memoria democrática colectiva, al reconocer el derecho de toda la ciudadanía a saber y conocer lo sucedido, de manera rigurosa", insiste el coordinador de IU Aragón.
Otro elemento importante a juicio de PAMA, tal y como han reiterado y exigido las asociaciones memorialistas, es que "los relatores de la ONU reclaman la inclusión de la memoria democrática en los procesos educativos como forma democrática de luchar contra el revisionismo y el negacionismo de lo que fue el franquismo y la dictadura".
"Una vez más denunciamos el odio y rencor hacia la memoria democrática, hacia las víctimas del franquismo y a su derecho a la verdad, justicia y reparación y, una vez más, exigimos al Gobierno de Azcón respeto a quienes sufrieron el franquismo y la dictadura, respeto hacia la ciudadanía que tiene derecho a saber la verdad y respeto a los valores democráticos, cumpliendo las reclamaciones de los relatores de la ONU. Azcón, el PP, deben demostrar de inmediato si están al lado del cumplimiento de sus obligaciones democráticas y de defensa de los derechos humanos o siguen en manos de la ultraderecha que les lleva a ser denunciados por los organismos internacionales", concluyen Izquierda Unida y PAMA en sus notas.
Ángel Víctor Torres: "La ONU avala la defensa del Gobierno de España de la memoria democrática ante las iniciativas autonómicas de leyes de 'concordia"
Por su parte, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, considera que la respuesta de la ONU, conocida un mes después de la petición elevada por el Gobierno español, supone "un respaldo irrefutable a la postura del Gobierno en la defensa de la memoria democrática y los derechos humanos", ante la derogación de la ley de Memoria Democrática de Aragón y las llamadas leyes de "concordia" también en Castilla y León y País Valencià.
El ministro considera que "esos gobiernos autonómicos deben sentarse a negociar los textos legislativos" porque, "de forma contundente", los relatores que han firmado conjuntamente la comunicación "aseguran que dichas iniciativas van contra los valores de la ley de Memoria Democrática, vulneran los derechos humanos, invisibilizan a las víctimas de graves violaciones de los mismos y vulneran los estándares internacionales y tratados internacionales suscritos por España".
Torres ha hecho un repaso del contenido de esta comunicación "unánime, demoledora y tajante" que han firmado el relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias y el Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias.
El ministro ha remarcado que, en el caso de Aragón, la ONU detecta que no hay referencia explícita a la violación de derechos humanos, ni condena expresamente el régimen y su carácter dictatorial. Señalan, además, que el texto no se refiere a las violaciones de derechos humanos en el franquismo como en la ley anterior, sino a las "atrocidades cometidas por un bando en la guerra civil", mientras que sí cita la violencia política ejercida durante la II República. Para el ministro "es un hecho que destacan, porque no se puede comparar 40 años de dictadura con un periodo democrático".
Torres prosiguió con el contenido de la comunicación, que "no es del Gobierno de España ni lo digo yo, sino que lo dice la ONU", destacando que las nuevas leyes ordenan la supresión de entidades y proyectos y obstaculizan o suprimen la posibilidad de subvenciones. Según el ministro, esto haría incierta la continuidad de las exhumaciones, por ejemplo, que llevan a cabo dichas entidades sin ánimo de lucro.
Por último, el ministro ha explicado que, teniendo en cuenta que la ley ya está aprobada es la de las Cortes de Aragón, "a comienzos de la próxima semana comunicaremos oficialmente la interposición del artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional", lo que conllevaría el inicio de la negociación bilateral, "si así lo acepta el Gobierno de Aragón", que sería el paso previo al recurso ante el Constitucional.
