El Gobierno español recurrirá ante varias instituciones europeas e internacionales las iniciativas de los gobiernos territoriales de PP y Vox —nombradas de "concordia"— que derogan las leyes de Memoria Democrática en Aragón, País Valencià y Castilla y León, y que serán objeto de recurso ante el Tribunal Constitucional, al considerar que "son contrarias a los valores recogidos en la Ley de Memoria Democrática" estatal aprobada la pasada legislatura por el Ejecutivo de coalición de PSOE y Unidas Podemos.
En concreto, el Gobierno de Pedro Sánchez elevará esta cuestión "por su gravedad" ante el Relator especial sobre Verdad, Justicia y Reparación y el Relator de Ejecuciones Extrajudiciales de Naciones Unidas, ante el Parlamento Europeo y también ante el Consejo de Europa, según han indicado fuentes de Moncloa. Esta medida se une a la anunciada la pasada semana por el Gobierno español de recurrir ante el Tribunal Constitucional "si estas comunidades no retiran los puntos de las iniciativas que vulneran el espíritu de la Ley de Memoria".
Así, en Naciones Unidas, el Ejecutivo español recurrirá a ambos relatores para que evalúen la conformidad de estas medidas "con las mejores prácticas internacionales y los compromisos internacionales adquiridos por España en materia de Derechos Humanos". En la Eurocámara, promoverán iniciativas para incluir en el orden del día del pleno del Parlamento para su debate y votación por parte del Grupo de los Socialistas y Demócratas.
Asimismo, en el Consejo de Europa, invocarán "la posible violación de varias disposiciones del Convenio de Derechos Humanos" y además promoverán un debate urgente en la Asamblea Parlamentaria de este organismo "para analizar la derogación de las leyes de memoria democrática aprobadas por las comunidades autónomas gobernadas por PP y Vox".
El Gobierno español, además, informará a la Secretaría General del Consejo de Europa y al Comisario de Derechos Humanos "para ponerles en conocimiento de la gravedad de la situación". Por último pedirá la elaboración de un informe sobre la situación de la memoria democrática en el Estado español ante la aprobación de "leyes de derogación" por parte de los gobiernos territoriales de PP y Vox.
En este sentido, Pedro Sánchez ha acusado a PP y Vox de "tratar de rescribir la Historia" y "embellecer la dictadura franquista valiéndose de una memoria mutilada y mancillando la palabra concordia". "Desde el Gobierno de España vamos a actuar en todas las instituciones nacionales e internacionales en defensa de la Ley de Memoria Democrática frente al negacionismo de los de siempre", ha zanjado.
Garantía para las exhumaciones en Aragón y que todos los lugares de memoria se integrarán en el inventario estatal
Por su parte, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Víctor Ángel Torres afirmó hace unos días que "tanto en Aragón, como en cualquier rincón de España, el Gobierno aplicará la Ley estatal" y ha asegurado que se seguirán subvencionando las exhumaciones desde el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. "En Aragón no va a quedar ninguna fosa sin exhumar", ha garantizado el ministro.
La Ley aragonesa que deroga la Ley autonómica de Memoria Democrática de 2018, "contiene aspectos como negar cualquier homenaje a personas que fueron prisioneras y represaliadas en campos de concentración nazis, elimina el mapa de fosas y retira el inventario de lugares de Memoria que se estaba implementando en la comunidad", según ha señalado Torres, que ha insistido en que se seguirá trabajando en este inventario, así como en la aplicación rigurosa de la Ley de Memoria Democrática, porque "se están vulnerando el derecho internacional y los derechos humanos".
Además, este viernes, el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López, junto con el Delegado del Gobierno español en Aragón, Fernando Beltrán, se han reunido con las entidades memorialistas de Aragón para analizar las consecuencias de la derogación de la ley aragonesa de Memoria Democrática de 2018 y detallar las acciones previstas por el Gobierno español para evitar la vulneración de derechos.
Fernando Martínez también ha garantizado a las entidades memorialistas de Aragón que "todos los lugares de memoria declarados en la comunidad autónoma pasarán a formar parte del inventario estatal". "Nos ha costado mucho recuperar la democracia tras la Transición y tenemos que preservarla de quienes se entregan a las tesis de la ultraderecha", ha indicado al lamentar que se está buscando "un regreso al relato histórico del franquismo".
Tal y como se les ha trasladado a las entidades que forman parte de la Plataforma de Acción por la Memoria de Aragón (PAMA) y a diferentes organismos con competencias en la materia, el Ministerio tratará de llegar a un acuerdo con Aragón, a través de la convocatoria de una comisión bilateral, pero si no se logra este consenso, acudirá al Tribunal Constitucional y al resto de instancias internacionales.
