El diputado Jorge Pueyo, portavoz de CHA en la dirección del Grupo Plurinacional Sumar y portavoz de reto demográfico, ha presentado, junto a otros parlamentarios del Grupo, una ‘Proposición no de ley por el futuro del sector agroganadero social y profesional’ en la que se insta al Gobierno estatal, entre otras medidas, a garantizar precios justos haciendo cumplir la Ley de Cadena Alimentaria, rechazar las importaciones con dumping ambiental, laboral y económico, redistribuir los fondos de la PAC en favor de la agricultura social y profesional, adecuar la burocracia para las ayudas a las pequeñas y medianas explotaciones, promover un banco de tierras estatal y público que facilite el acceso a las jóvenes generaciones y fomentar la titularidad compartida en las explotaciones agrarias, así como impulsar la Ley de Agricultura Social y Familiar.
“Las movilizaciones agrarias merecen respuestas. Nosotros trabajamos por la agricultura social y profesional frente a las grandes corporaciones y por eso proponemos medidas pensando en el futuro de las explotaciones sociales y familiares en Aragón y en todo el Estado”, ha declarado Jorge Pueyo, que ha señalado entre las causas de la actual crisis del campo las siguientes: “la hegemonía de la agroindustria de grandes corporaciones y fondos de inversión, que ocupan cada vez más tierras y además controlan los fertilizantes, los pesticidas, los insumos que utilizan los agricultores profesionales en sus explotaciones; las distribuidoras que se quedan con la parte del león en el reparto del valor añadido en la cadena alimentaria, a costa de los productores, los conflictos geopolíticos como la guerra de Ucrania que disparan los precios, y por supuesto la emergencia climática que se caracteriza por largas sequías, pero también por fenómenos extremos como inundaciones, granizo, incendios, etc”.
Por todo ello, “la respuesta no puede ser rechazar la imprescindible transición ecológica ni tampoco apuntar a una única causa, sino emprender iniciativas amplias y valientes para reforzar el papel de los agricultores, para hacer frente a la crisis climática, para arraigar a la población en el territorio y, cómo no, para contribuir a la soberanía alimentaria”, recalca Pueyo.
La proposición no de ley, que se debatirá próximamente en el Pleno del Congreso en Madrid, recoge las siguientes medidas instando al Gobierno del Estado español a su cumplimiento:
- Garantizar unos precios justos a los productores haciendo cumplir la Ley de Cadena Alimentaria mediante su mejora, su financiación adecuada y la mejora del funcionamiento del Observatorio de la Cadena Alimentaria.
- Rechazar en el Consejo de la Unión Europea la aprobación de tratados de libre comercio que no garanticen normas recíprocas en las importaciones evitando el dumping ambiental, laboral y económico y que no sean coherentes con los compromisos de los Acuerdos de París, el Convenio sobre la Diversidad Biológica y los Convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo
- Impulsar una Política Agraria Comunitaria y reformar los planes estatales para garantizar que redistribuya los fondos en favor de la agricultura social y profesional, así como que adecue la burocracia para acceder a las ayudas a las pequeñas y medianas explotaciones.
- Promover un banco de tierras estatal y público que facilite el acceso a la actividad agraria a las jóvenes generaciones. Fomentar la titularidad compartida en las explotaciones agrarias.
- Impulsar de manera decidida la ley de agricultura social y familiar, que tenga entre sus objetivos transitar hacia una agricultura agroecológica donde los agricultores ganen independencia de las grandes empresas de pesticidas, fertilizantes y semillas reduciendo costes económicos y contaminantes.
