La Garantía Juvenil consiste en un conjunto de medidas y acciones que se aglutinan en torno a cuatro grandes ejes: el emprendimiento, la empleabilidad, la intermediación y el apoyo a la contratación. Esta política tiene como objetivo conseguir que todas aquellas personas entre los 16 y los 30 años reciban ofertas de empleo, educación, formación de aprendiz o período de prácticas en un plazo de 4 meses tras la finalización de la educación formal o al quedarse en situación de desempleo.
Cuenta con el aval de las instituciones europeas, de los poderes públicos estatales y en el caso del Estado español, también con el apoyo de los Gobiernos autonómicos. Una clave fundamental de esta política es que se consigue una colaboración plena entre todas las partes interesadas: poderes públicos, sindicatos mayoritarios, empresas y todo tipo de entidades y organizaciones que quieran participar. Además, cabe señalar, que desde la Unión Europea se destinaron 6.000 millones de euros para el período 2014-2020, de los cuales el Estado español recibió 1.887 millones de euros (casi el 31,5% del total).
La Garantía Juvenil nace en un contexto de enorme desempleo juvenil
Esta política pública nace en un momento de acuciante necesidad debido a que los poderes públicos conciben que es imprescindible hacer frente al reto del desempleo juvenil de forma directa y contundente, puesto que los datos alertan de la posibilidad de que millones de jóvenes se queden sin futuro, excluidos del ámbito laboral y de la sociedad, poniendo además en grave situación la viabilidad de los sistemas de seguridad social si estas personas no pueden realizar las aportaciones necesarias para su sostenibilidad. Por tanto, parece que es el momento de dar un golpe de efecto encima de la mesa y revertir la situación que viven millones de jóvenes en toda Europa y construir un futuro sobre las bases sólidas del empleo de calidad y la estabilidad laboral.
Errores determinantes: el caso de Aragón
Sin embargo, a pesar de contar con el apoyo de instituciones públicas a todos los niveles y tener detrás una importante financiación, enseguida comienzan a aparecer los primeros errores en diferentes aspectos que principalmente tienen que ver con el diseño e implementación, así como con divulgación y las medidas aplicadas.
En cuanto al diseño e implementación de la Garantía Juvenil, se puede decir, que el Estado español comenzó un paso por detrás de sus homólogos europeos, ya el Ejecutivo de Mariano Rajoy aprobó el Plan Nacional de Implantación de la Garantía Juvenil en el Consejo de Ministros del 20 de diciembre del año 2013, cuando la fecha límite marcada por Europa era octubre de ese mismo año.
Este error no es determinante en el establecimiento de esta política, pero sí lo es el proceso por el cual se esboza la instauración de la propia Garantía. Se pasa por alto el hecho de conocer las necesidades, inquietudes y problemas reales que tienen los jóvenes para aplicar medidas que les sean beneficiosas. Por el contrario, se establecen una serie de actuaciones y son los jóvenes los que se adaptan a dichas medidas.
El colectivo joven en Aragón, al igual que en otras partes es heterogéneo y no se puede tratar a todos jóvenes de la misma manera, más cuando los servicios públicos de empleo se encuentran ante la tesitura de realizar un itinerario de inserción a un joven con estudios universitarios que debido a la coyuntura económica no encuentra empleo, y, al mismo tiempo, se puede encontrar a un joven que siempre ha vivido en una situación de riesgo de exclusión social.
La divulgación del programa es otro de los grandes problemas, ya que una política de tal calado y relevancia debe ser conocida por la sociedad en general y por los jóvenes en particular, sin embargo, la mayor parte de la población desconoce la existencia de la Garantía Juvenil. Tampoco tiene gran éxito entre el colectivo joven, por ejemplo, en Aragón, a pesar de que en el momento de su nacimiento el paro juvenil supera la tasa del 50% sólo pasan por el programa 12.967 jóvenes en el período que va del año 2013 al año 2022.
La Garantía Juvenil debería ser la vía que permita revertir la situación laboral de los jóvenes aragoneses, quienes sufren altas tasas de desempleo y precariedad cuando consiguen ingresar en el mercado laboral. A pesar de las necesidades que soporta este colectivo, esta política pública se caracteriza por su escasa afluencia y eficacia ya que un porcentaje muy bajo de jóvenes la conocen e intentan beneficiarse de ella.
Una política impregnada de neoliberalismo
Finalmente, el tipo de medidas que se llevan a cabo responde de forma muy clara a una marcada ideología neoliberal que prima a la empresa privada y defienden la bandera del emprendimiento por encima de los problemas y las necesidades reales del colectivo joven. Estas acciones, aunque puedan conseguir la inserción laboral de jóvenes desempleados, no aseguran trabajos de calidad, ni tampoco protege al colectivo ante la pobreza y las situaciones de dificultad, es más, ciertas medidas lo que suponen es un empobrecimiento y precarización de estas personas. Hay que tener en cuenta las características personales y profesionales del joven en cuestión, porque se le pide que sea un trabajador autónomo con los problemas que ello conlleva y que afectan a diferentes campos como puede ser la financiación, la burocracia, además de lo complicado que es emprender un negocio, más si cabe, en épocas de crisis.
Debido a todo el dinero que existe detrás de su implantación, los propósitos que tiene, el conjunto de estamentos políticos, instituciones y demás organizaciones que trabajan de forma conjunta en su instauración, esta política se debería configurar como un pilar clave para establecer unas bases sólidas de futuro para el colectivo joven. Nace en un momento en el que el desempleo juvenil está a unos niveles muy elevados y la posibilidad de que miles de jóvenes se encuentren sin trabajo, excluidos de la sociedad. Es decir, la Garantía Juvenil con el correcto diseño e implementación se puede convertir en un pilar clave que permita fortalecer la economía y crea empleo de calidad.
Sin embargo, se puede afirmar que se pierde la oportunidad de conseguir que esta política de empleo joven sea la base sobre la que construir un futuro para los jóvenes a través del empleo estable y de calidad. Más que una oportunidad para este colectivo y una fortaleza para la economía en su conjunto, se convierte en una amenaza para los jóvenes, ya que solo proporciona la vía del autoempleo y del empleo precario, y en una debilidad para los entes gestores que no han sabido aprovechar la oportunidad que Europa ha brindado para atajar el problema del desempleo juvenil.
