El pasado de mes de marzo, la anterior Consejería de Educación abría el proceso para la integración de los y las docentes de Formación Profesional en el cuerpo de Secundaria. El 19 de abril se cerraba el proceso reconociendo a 304 docentes, excluyendo del proceso al profesorado interino. Este pasado 14 de octubre, el Ministerio oficializaba la integración de poco más de 300 docentes.
"Siete meses después del reconocimiento aún no se ha procedido, ni desde la anterior Consejería ni desde la actual dirigida por Claudia Pérez, a abonar la retroactividad, dándose la situación de que la nómina de septiembre los y las docentes funcionarias de carrera de las provincias de Uesca y Zaragoza han seguido cobrando como profesorado de formación profesional", denuncia CGT Enseñanza en un comunicado. "Estamos hablando de unos atrasos que median unos 6.000 euros por docente, unos dos millones de euros. Solo un 2% de los ya famosos 112 millones de euros que el Gobierno de Jorge Azcón (PP-Vox-PAR) ha destinado a la concertada en su primer mes de trabajo", apuntan fuentes sindicales.
CGT, segunda organización sindical en representatividad docente en Aragón, exige a Claudia Pérez, consejera de Educación, y a José Mª Cabello, Director General de Personal, que procedan a abonar de manera inminente los atrasos que se deben. También exigen que se dé una solución al profesorado interino y a los y las docentes que se jubilaron durante el proceso de integración. "Aunque jurídicamente haya dudas de que los y las interinas puedan ser integrados en el cuerpo de Secundaria, lo que no hay dudas es que tiene el mismo derecho a la retroactividad habiendo realizado las mismas funciones con los derechos y obligaciones pertinentes que sus compañeros funcionarios de carrera. Antes de tener que judicializar el proceso, entendemos que se puede encontrar una solución", remarcan.
El sindicato, que también ha denunciado la unilateralidad del Departamento de Educación, anuncia que en los próximos días va a iniciar una campaña del profesorado del desaparecido cuerpo de FP, para exigir el pago de la retroactividad, tanto interinos como funcionarios de carrera y personal jubilado.
