Qué nos espera a los y las docentes aragonesas la llegada de Vox?
La llegada de Mabel Campuzano, de Vox, a la Consejería de Educación de Murcia llegó precedida de propuestas de lo más absurdas, como que el himno de España sonase cada mañana por los altavoces de todas las escuelas o la obligatoriedad de que la presencia de una foto del rey de España, Felipe VI, presida todas las aulas. Otras, como el “pin parental”, son medidas a nivel estatal que hoy por hoy —veremos a partir del 23 de julio— son fruto de la ignorancia: la LOMLOE se limita a señalar la necesidad de informar a las familias de las actividades a realizarse en los centros, por lo que la finalidad que busca el Ogro con el “pin parental” queda muy diluida. En Murcia, los centros deben informar una semana antes de la celebración de las actividades a los padres y madres, indicando en qué consisten dichas actividades, quién las imparte, qué cualificación tienen... Asimismo, debe haber un docente acompañando al o la responsable de realizar la actividad si es alguien ajeno al centro.
Otra medida peregrina y que afecta de lleno a Aragón es el que las lenguas cooficiales: en nuestro caso, el aragonés y el catalán podrían pasar a ser materias optativas.
El tema de los contenidos curriculares nos afectaría de lleno a los currículums de Aragón, ya que la negativa del Ogro a trabajar la memoria democrática/histórica en las aulas, la educación en valores o la educación sexual es por todos y todas conocidas. Entre las propuestas más peregrinas, en relación con los contenidos, está que en Educación Secundaria Obligatoria se mantenga el estudio de la asignatura de Geografía e Historia con carácter cronológico o que se elimine el “mal llamado [lenguaje] inclusivo en los libros de texto o material complementario o baremación de plazas de profesores”. O el tratamiento de la educación en valores o competencias básicas de manera transversal entre las distintas materias.
Pero quizá la medida más preocupante es la que se ha aprobado en Castilla y León por el gobierno PP- Vox, dando carpetazo al aumento de las ayudas para menores vulnerables: ni comedores en verano ni más becas de comedor, a pesar del riesgo de pobreza que afecta a casi un 30% de la población infantil de este territorio.
¿Y el PP, y Azcón, qué dicen?
Realmente las propuestas de los dos partidos convergen cuando hablamos de concertar centros privados.
La primera coincidencia será la de concertar el bachillerato en Aragón; promesa electoral de Azcón y de Vox. A pesar de la caída demográfica y la falta de demanda, la intención de Azcón de concertar el bachillerato en todos aquellos centros en los que ya se da la ESO creará un problema que, debido a la falta de dinero y de alumnado, solo tiene una solución: el cierre de aulas en la pública. Una "solución" que se ha estado dando en Murcia, donde la consejera del partido ultraderechista optó por cerrar centros y aulas tras aumentar los centros concertados así como el presupuesto para su red de centros en un 8,1% en el primer año.
Pero las políticas que buscan la privatización de la escuela pública a través de medidas beneficiosas para la escuela concertada no acabarán ahí. Así, una segunda línea de coincidencia será la apertura de nuevos centros concertados; de hecho, Dolores Serrat y Luisa Fernanda Rudi (PP) se despidieron del Gobierno concertando el Colegio Ánfora en Cuarte. Aunque la LOMLOE impide ceder suelo municipal para construir centros educativos, sucederá lo que ya hemos visto en Madrid: hecha la ley, hecha la trampa. Solo una enmienda, si sigue el actual Gobierno, evitaría jugadas como la de Ayuso con el terreno municipal cedido por el ayuntamiento de Vallecas. Las corporaciones municipales no pueden ceder suelo público para construir centros educativos privados, tienen que ser públicos, según estipula la LOMLOE en la disposición adicional decimoquinta. Los gobiernos territoriales, sin embargo, sí pueden.
La segregación por sexos sí puede enfrentar a los dos partidos. En Zaragoza, el PP se negó a concertar a los centros de Sansueña y Montearagón por segregar por sexos, decisión que mantuvo el PSOE y que ha costado a los y las aragonesas once millones de euros en seis años. Es lo que, según el TSJA —no exento de cierto tufillo fascistoide— hay que pagar por no permitir concertar. Este debate, mientras siga vigente la LOMLOE, está cerrado dado que ésta impide segregar por sexos.
Por supuesto, la zona de escolarización única será una realidad. Ya lo intentó Dolores Serrat en 2012 pero no pudo sacarla adelante. La eliminación de los baremos de proximidad a la hora de escolarizar conlleva que se desvirtúe el criterio de asignación de centros cercanos a los domicilios que marcaba la LOMLOE. La "libertad" de las familias para elegir centro concertado en cualquier parte de la ciudad de Zaragoza hará necesaria la creación de líneas de transporte escolar, pagado con dinero público, por toda la ciudad. Además del consiguiente cierre de aulas en multitud de colegios públicos.
Por último, las ayudas económicas a las familias que llevan a sus hijos e hijas a escuelas concertadas, excluyendo a las “públicas”, ya ha sido una realidad en el ayuntamiento de Azcón. Por lo que entendemos que esta propuesta saldrá adelante sin ningún miramiento.
La apuesta por un modelo educativo basado en el esfuerzo, la meritocracia y la recompensa, ajeno a la realidad social y económica en la que cada alumno y alumna desarrolla su labor escolar, también forma parte del marco conceptual de ambos partidos.
El recorte de liberados y liberados, medida que ya llevó en su día Dolores Serrat, es una pretensión más política que económica: el ahorro es mínimo. El suprimir personas liberadas solo busca limitar y frenar el trabajo sindical en una época que se presupone de recortes. Este tipo de ataque a los derechos sindicales y laborales del profesorado, allá por 2012, no dio el resultado esperado gracias al surgimiento de las mareas, que protagonizaron la lucha y denuncia contra los recortes.
¿Y el dinero, de donde saldrá?
Cómo venimos denunciando desde CGT, la falta de dinero resultante de mantener con fondos públicos dos redes, la privada/concertada y la púbica, es una realidad a la que se une la caída demográfica. ¿Cómo concertamos el bachillerato (concertar un aula ronda los 700 mil euros)? ¿Aumentamos las becas a las familias de la concertada y creamos rutas escolares por toda la ciudad?
Son tres las opciones: cerrar aulas públicas, recortar en programas y becas de la escuela pública (como se ha hecho en Castilla y León) y recortes entre el profesorado, horario lectivo, ratios… A pesar de que, en Murcia, Vox predicaba mejoras en las condiciones en las que el colectivo docente realiza su trabajo, en sus años de Gobierno la consejera Campuzano no bajó las ratios ni el horario lectivo. Tampoco lo está haciendo Ayuso en Madrid.
Todas las medidas señaladas forman parte de lo que se puede prever de un gobierno del que participe la ultraderecha. Pero puede ser incluso peor. Y solo una cosa podrá parar las políticas elitistas, segregadoras, dogmáticas y represoras de la coalición PP- Vox: la lucha del colectivo docente. Muy probablemente, habrá que responder con contundencia desde las calles.
