Aragón suspende en Dependencia según el último informe de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales presentado ayer y elaborado con datos oficiales del Ministerio de Sanidad y de Hacienda. El sistema, que nació para ser cofinanciado entre los Gobiernos territoriales y central, ha ido perdiendo ese equilibrio, si alguna vez lo mantuvo. En la actualidad, el Ministerio de Sanidad y Política Social apenas aporta el 21,4%, del total del coste, que es de 6.570 millones anuales, cuando en 2009 alcanzaba casi un 40%.
Desde Marea Naranja Aragón denuncian que "el sistema de la Dependencia no está parado, está en retroceso. Aragón que el año pasado obtenía un notable, tiene ahora un 3,8". Y añaden: "¿Quién es responsable de esta caída libre y en picado?. Por sus hechos los conoceréis". La reforma de la Ley de Administración Local propuesta por el Gobierno de Mariano Rajoy, que será aprobada por Decreto hoy viernes 25 de enero, recoge entre las novedades más significativas que las competencias en materia de Sanidad, Educación y Servicios Sociales recaerán de manera íntegra en los Gobiernos Territoriales.
Paralelamente el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que dirige Ana Mato abandona la financiación del Plan Concertado y deja, tanto a las administraciones locales como territoriales, "en una situación muy difícil para sostener los servicios sociales básicos ya que se les ha prohibido endeudarse para cumplir el objetivo del déficit" advierten desde Marea Naranja.
En consecuencia, ¿Qué hace Aragón?
Disminuir poco a poco el presupuesto que el Instituto Aragonés de Servicios Sociales destina a los servicios sociales municipales, los más cercanos a la población, "situándonos en cuantías similares al año 2007, en un momento en que uno de cada diez aragoneses ha sido atendido por los servicios sociales, incrementándose en un 45% la demanda desde 2008" afirman desde Marea Naranja. "Además -continúan- de crear un Fondo para la inclusión y la ayuda familiar urgente que va especialmente dirigido a hacer frente a las situaciones personales, familiares y colectivas de mayor vulnerabilidad o riesgo de exclusión social". "Esta competencia directa de los municipios aragoneses pretendería transformarse de derecho a beneficencia" concluyen.
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