EL VENTANO | Los ayuntamientos de la comarca del Maestrazgo están aprobando mociones para declarar sus municipios libres del fracking, una técnica para extraer gas del subsuelo mediante la inyección de agua a presión con sustancias nocivas. Más de 50 profesores universitarios han firmado un documento de alegaciones contra esta práctica, que podría iniciarse en el Maestrat de Castelló, limítrofe con Teruel.
En el último pleno comarcal, los pueblos de esta comarca acordaron oponerse al fracking, pero muchos de sus ayuntamientos han querido expresar su rechazo también de manera individual, como Cantavieja, Tronchón, Fortanete, Mirambel o Iglesia del Cid, independientemente del color político.
El fracking se utiliza para obtener gas natural de esquisto a grandes profundidades del subsuelo. La técnica consiste en perforar un pozo a entre dos y cinco kilómetros de profundidad e inyectar a presión enormes volúmenes de agua, arena y productos químicos para fracturar las capas de pizarras y hacer aflorar el gas.
El sistema entraña riesgos considerables. Lo más peligroso es que gran parte de la mezcla líquida que se inyecta no se recupera. Una parte salta a la superficie y otra se queda en el subsuelo, con la consiguiente contaminación de acuíferos y otras capas freáticas, según los ecologistas.
La empresa Montero Energy, filial de la canadiense R2 Energy, ha presentado varias solicitudes en todo el Estado español para hacer prospecciones en busca de hidrocarburos. La Generalitat valenciana podría permitirle en las próximas fechas iniciar investigaciones en varios municipios de la comarca del Maestrat de Castelló, ante el rechazo de ayuntamientos y movimientos sociales.
Unos 50 profesores e investigadores universitarios, en su mayoría especialistas en geología e hidrogeología, han formulado un documento de alegaciones contra esta práctica. Los especialistas, encabezados por el Doctor y catedrático de Geología de la Universidad de Zaragoza, José Luis Simón, han formulado su oposición a los tres permisos solicitados en Castelló, que afectarían a 41 términos municipales. Entre los firmantes se encuentran profesores de la Universitat Jaume I, Universitat de València, Universidad de Alcalá de Henares, Universidad de Sevilla, Complutense de Madrid, Universitat d'Alacant, entre otras.
