Al Patronato de Educación, la educación no le compete

El Gobierno de PP y Ciudadanos en Zaragoza regala a la escuela privado-concertada 500.000 euros para “atender al alumnado en situación de riesgo”. Lo hace sin un protocolo que analice el estado de los colegios.

19 mayo, 2021. 07:00
Zaragoza Educación
El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón (dcha), y el presidente del PP de Zaragoza, Ramón Celma (izqda), en la manifestación contra la Ley Celaá del pasado 20 de diciembre (Twitter – PP Aragón)

Lo que voy a contar a continuación no es una broma, aunque a veces lo parezca. Desde hace más de un año pertenezco al Consejo y Junta del Patronato de Educación y Bibliotecas del Ayuntamiento de Zaragoza, en representación de Zaragoza en Común.

En las distintas reuniones de este organismo, me dedico a preguntar por cuestiones vinculadas a las competencias municipales en materia educativa. Y aquí la broma: resulta que al patronato de Educación, la educación no le compete.

Si pregunto por el mantenimiento de los colegios de titularidad pública, no es competente. Tampoco si cuestiono si están cubiertos los puestos de los oficiales de mantenimiento, o pido información sobre el servicio de limpieza. Tampoco es competente sobre el posible uso de un potrero o de un pabellón municipal para los centros que lo necesiten…

El patronato de Educación no es competente sobre los asuntos que sí son de competencia municipal en materia educativa. Esa es la respuesta desde el equipo de gobierno de PP-Cs, quienes me piden que dirija mis preguntas a los servicios competentes. Como si una frase de Groucho Marx se tratará, la parte competente de la primera parte será considerada como la parte competente de la primera parte.

De lo que sí que ha tenido competencias este ilustre Patronato de Educación y Bibliotecas es de aumentar el presupuesto en 500.000 euros con el objetivo de atender al alumnado en situación de riesgo o exclusión social, promoviendo la inclusión y la integración, pero únicamente del alumnado que asiste a la escuela privado concertada.

Parece curioso, cuando menos, que la excusa de que esta partida vaya íntegramente a las familias de los colegios privado concertados es que en Zaragoza lleva años desarrollándose un programa que se llama PIEE, Proyecto de Integración de Espacios Escolares, un recurso municipal con la pretensión de dinamizar la comunidad escolar a través de actividades deportivas, culturales, talleres y cursos con la finalidad de complementar la formación del alumnado.

Este proyecto consiste en tener un profesional que informa de actividades a todos los niños y niñas de la ciudad, porque está encuadrado como proyecto de ciudad, no como un proyecto de centro, lo que significa que esta abierto a todos los niños y niñas sin tener en cuenta en que tipo de centro son educados.

Además, el proyecto PIEE no pertenece al Patronato de Educación y Bibliotecas, sino al Servicio de Juventud. Una enorme incongruencia si tenemos en cuenta que el alcalde ha firmado un protocolo con los dueños de la escuela privado concertada donde establece la voluntad del Ayuntamiento de Zaragoza de aportar financiación del presupuesto del Patronato de Educación y Bibliotecas. Toma ya, de esto sí que somos competentes en el Patronato.

Todo esto esconde un objetivo claro y no es hablar de inclusión ni de igualdad de oportunidades. El del señor Azcón es un objetivo político: acabar con la educación pública como servicio a toda la ciudadanía; entonando su propio himno de la libertad, donde desgraciadamente se encuentra cómodo y encuentra afines y, así, mientras el servicio público se marchita, él sigue luciendo lazos y globitos naranjas, acudiendo a manifestaciones contra una Ley que no es la nuestra, pero habla de inclusión.

Justifican este protocolo firmado con la escuela concertada con las mismas palabras que critican de la Ley Celaá, y son utilizadas para “compensar a sus amigos de la concertada”: inclusión e igualdad de oportunidades.

Señor Azcón, tiene que saber que el camino de la inclusión no es abanderar libertades individuales frente a las colectivas, ni crear protocolos con la escuela concertada para “dar” dinero a sus familias vulnerables, excluyendo todo el colectivo de familias de la escuela pública.

El camino de la inclusión es apostar por una educación de calidad para todas las personas, sin diferencias, y eso solo podemos garantizarlo a través de una gestión pública de los servicios, no mediante empresas vinculadas con la educación, cuyo objetivo final es, como toda empresa, obtener beneficios mercantiles.

Si quiere hablar de inclusión, ¿por qué no se preocupa por el estado de los centros educativos públicos de los cuales el ayuntamiento tiene como competencia su mantenimiento? ¿Por qué no hay un servicio eficaz de oficiales de mantenimiento para mantener las instalaciones públicas abiertas a la sociedad?

Me gustaría saber la razón por la cual no se generan protocolos con el Gobierno de Aragón para definir un mapa social que analice el estado de los colegios, o por qué no se preocupa de cómo y por qué se forman los centros gueto.

Qué motivos hay para no impulsar programas como el Plan de Lucha contra la pobreza infantil, dirigido a la inclusión de la infancia de las familias más desfavorecidas. Estas son las competencias municipales de las que este gobierno es responsable.

Respetable gobierno municipal, la inclusión se consigue cuando todas las personas cuentan con igualdad de oportunidades; y eso debe garantizarse a través de un sistema educativo público en el que no existan las diferencias. La misión de este Ayuntamiento debería ser el cuidado de los espacios públicos y el trabajo por una inclusión educativa verdadera. O, ¿acaso no le compete?

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