El pasado 6 de abril, técnicos de Endesa acompañados de unidades de Policía española recorrieron el barrio de Torrero de Zaragoza realizando cortes de suministros a familias vulnerables.
Entre estas actuaciones, la comitiva, realizó el corte desde la acometida del bloque de SAREB donde reside Esperanza y sus tres hijos. Durante días la familia tuvo que vivir sin suministro eléctrico, hasta que un vecino solidario le ha tendido un cable a su propia red.
Desde el 6 de abril hasta ahora no ha existido reacción alguna de las Administraciones Públicas. “Aunque Esperanza ha solicitado amparo en todas las puertas posibles no ha obtenido solución alguna a su situación de auténtica emergencia”, asegura la Coordinadora de Vivienda.
Además recuerda que en julio de 2020, Esperanza y su familia sufrieron un desahucio, aunque se paralizó un primer intento mediante la movilización popular, días después el Juzgado decretaría un desahucio “con horquilla” con el único objetivo de dificultar la solidaridad.
En aquel momento la propia Directora General de Vivienda comunicó a Esperanza en persona que “no pensaba -ni por asomo- cumplir con su obligación legal (descrita en el punto 19.2 de la Ley 10/16) de dotar a la familia de una alternativa habitacional”, apuntan desde la coordinadora. Y hasta hoy, pese al conocimiento de la situación y de que el único fin de SAREB es devolver a los especuladores el inmueble (limpio de cargas), Gobierno de Aragón ha negado una solución a Esperanza.
“El Ayuntamiento de Zaragoza, ni está ni se le espera”, denuncian para recordar que directamente ha desmontado todos los programas de mediación, los mismos que el Gobierno de Aragón decía que tenía capacidad de asumir. “Hoy es el día que en Aragón no existe mediación y apoyo institucional ante la pérdida de vivienda habitual”, señalan.
El corte de suministros es una parte más del acoso para conseguir dejar sin vivienda a Esperanza y sus hijos: “Una táctica mafiosa y contraria a los Derechos Humanos. Tanto como la negación del derecho a una alternativa habitacional”.
Por ello exigen el restablecimiento inmediato de los suministro eléctrico para Esperanza y su familia, así como exigen al Gobierno de Aragón que dote de alternativa habitacional o abra canales de mediación con SAREB para la regularización de un alquiler social.
