El Pleno de las Cortes de Aragón ha convalidado el Decreto –Ley de Medidas Urgentes que aprobó el Gobierno de Aragón el 25 de marzo y que ha permitido adecuar y agilizar la Administración para dar respuesta a las necesidades que ha generado el Covid-19.
Todas las formaciones han apoyado este decreto -salvo Vox, que se ha abstenido-, que ha permitido movilizar todo los recursos humanos y materiales de la Administración contra el COVID-19, incluso el presupuesto de 2020, porque “estamos obligados a seguir gestionando al margen de nuestras previsiones iniciales, reforzando el gasto sociosanitario y el mantenimiento de la economía y el empleo", ha señalado el consejero de Hacienda y Administración Pública, Carlos Pérez Anadón.
El Decreto-Ley permite adoptar medidas presupuestarias, de personal, de simplificación y agilización del gasto, de contratación, medidas económicas, sobre cadena alimentaria, en materia de servicios sociales, en materia de educación y medidas de administración económica.
El consejero de Hacienda y Administración Pública indicó que nos movemos en un ámbito de gasto creciente y de fuerte caída de los ingresos. Por eso, ha recalcado la importancia de conseguir más liquidez. De hecho, el decreto ha permitido ampliar el límite del 12% al 30% de los créditos iniciales de gasto no financiero. A día de hoy, ha indicado Carlos Pérez Anadón, se han cerrado 25 operaciones por valor de 1.406 millones, que representan el 25,19% de lo que podemos captar.
El Gobierno de Aragón trabaja ya en un pacto por la recuperación económica y social de Aragón, pero de momento, mediante el Decreto que han validado las Cortes de Aragón se ha dado prioridad a los pagos a las pymes y los autónomos y se han flexibilizado las normas para la concesión de subvenciones.
De la misma manera, se ha autorizado la tramitación por urgencia de los contratos (más de 1.600) destinados a combatir la crisis y se ha permitido sustituir los contratos suspendidos con las empresas por otros que cubren necesidades diferentes a las previstas.
El Decreto también ha incluido medidas de movilidad del funcionariado, destinadas a reforzar con el personal propio de la Administración los servicios que se han visto afectados por una alta demanda de servicio, como es el caso de Empleo, con la gestión de los ERTE, las residencias, o el 061 con la gran cantidad de consultas recibidas.
Este modelo de movilidad ha sido una referencia para muchos ayuntamientos además de para territorios como Nafarroa, La Rioja, Castilla o Canarias.
