Un reto primordial al que se están enfrentando las ciudades del siglo XXI es el acceso a la vivienda de manera asequible y sostenible. Un hecho que implica -a juicio de Zaragoza en Común- "luchar contra la especulación de precios tanto de venta como de alquiler y la necesidad de desarrollar herramientas que permitan conseguirlo".
Según datos del Ministerio español de Fomento el precio del alquiler subió en la zona de Zaragoza un 27% en cuatro años y en Zaragoza ciudad al ritmo de un 10% al año. Esta situación refleja que los ciudadanos y ciudadanas hayan destinado en 2018 el 40% de su sueldo al pago del alquiler de su vivienda. "Muy lejos del 20-25% que se estima como idóneo, aunque parezca casi utópico", añaden desde el grupo municipal.
A su vez, FOESSA señala que 24.000 aragoneses y aragonesas se encuentran en situación de vivienda insegura, esto es, sin contrato de arrendamiento o bajo amenaza de desahucio, elevándose hasta los 30.000 los hogares aragoneses que afrontan gastos excesivos para tener una vivienda.
Para Zaragoza en Común que no exista una bolsa pública de vivienda "impide que el sector público pueda influir en los precios, adecuándolos a las necesidades y realidades de la ciudadanía la cual es poseedora, como establece la Constitución Española en el Título I De los derechos y deberes fundamentales en su artículo 47, del derecho a la vivienda digna". "Aunque la realidad que se está imponiendo es que la vivienda es un bien de consumo más y las necesidades un implemento para aumentar los precios", agregan.
Por ello -según explican desde la plataforma ciudadana- "es necesaria la implementación de una herramienta de control de precios que favorezca el acceso a la vivienda digna, evite la exclusión residencial, los desahucios y la precarización de este derecho constitucional que afecta a tantos vecinos y vecinas".
Así, observando todos estos antecedentes, proponen el establecimiento de un índice municipal de precios de referencia para regular el alquiler. "Delimitando las zonas donde el alquiler se ha disparado y estableciendo medidas concretas para su contención como ayudas a la rehabilitación e incentivos fiscales a los propietarios que alquilen por debajo del índice, subvencionado el pago del IBI o, en su caso, a través de penalizaciones", recalcan.
"Las Zonas de Mercado Tensionado se declararían si hay una fuerte demanda de alquiler no satisfecha. Un exceso de vivienda vacía respecto a la media de la comunidad autónoma, que el precio de las cuotas superen el 30% de la renta familiar o si hay un claro proceso de gentrificación que expulsa a los residentes de la zona en cuestión".
Proponen también la elaboración de un censo de vivienda vacía estableciendo mecanismos para la puesta en el mercado de las viviendas fundamentalmente que estén en manos de instituciones financieras y "grandes tenedores". Solicitan igualmente las "modificaciones legislativas oportunas" que permitan a los ayuntamientos tener mayores competencias.
Todo esto -concluyen- además de seguir trabajando en la ampliación de la bolsa pública de alquiler "incrementándola progresivamente".
