La fiscal Carmen Launa ha hecho suyos los argumentos de una de las acusaciones populares, la de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), que pide penas de hasta doce años de cárcel y multas millonarias para la entidad, su matriz, BFA, y la firma auditora Deloitte, que fue imputada en el procedimiento a instancia suya.
El ministerio público que hasta ahora acusaba sólo a Rato, y a otras tres personas –José Manuel Fernández Norniella, Francisco Verdú e Ildefonso Sánchez Barcoj– ha decidido ampliar su acusación a otras ocho, a todos los cuales atribuye falsedad contable además de estafa a los inversores.
La Fiscalía ha elevado las penas para el expresidente de Bankia Rodrigo Rato, el exvicepresidente José Luis Olivas y el exconsejero de Bankia José Manuel Fernandez Norniella, mientras que al exconsejero delegado Francisco Verdú Pons le ha absuelto del delito de estafa a inversores que le imputó en un primer momento, pero le ha acusado de falsedad contable.
De este modo, pide cinco años de prisión para Olivas (frente a cuatro antriores), entre cinco y seis para Norniella (frente a tres anteriores) y entre nueve meses y un año y medio para Verdú Pons (frente a dos años y siete meses anteriores).
La Fiscalía únicamente acusaba a estas cuatro personas en un principio, de las 34 que se sientan en el banquillo, pero finalmente ha ampliado su escrito final y ha acusado también al exdirector general financiero y de riesgos de Caja Madrid y de Bankia Ildefonso Sánchez Barcoj, para el que pide dos años y medio; al socio auditor de Deloitte Francisco Celma (solicita dos años de prisión); al exinterventor de Bankia Sergio Durá (entre uno y dos años), y al exdirector de auditoría interna de Bankia Miguel Angel Soria Navarro (entre uno y dos años).
Asimismo, ha acusado a los exconsejeros Alberto Ibáñez (pide para él entre nueve meses y un año y medio de prisión), Araceli Mora (un año sustituible por multa), Miguel Angel Acebes (entre nueve meses y un años y medio), Pedro Bedía (un año de prisión sustituible por multa), Remigio Pellicer (un año sustituible por multa) y José Rafael García Fuster (un año sustituible por multa).
Launa ya advirtió durante el periodo de cuestiones previas de la posibilidad de endurecer su acusación definitiva e incluir el delito de falsedad contable en el tramo final del procedimiento, y así lo ha hecho finalmente. Tal como hiciera en sus conclusiones provisionales, el Ministerio Público confirma que no dirige su acusación contra las tres personas jurídicas, BFA, Bankia y Deloitte.
En cuanto a las otras acusaciones, se han adherido a lo expuesto por Anticorrupción la CIC, la Confederación General del Trabajo (CGT) y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que ha excluido a Francisco Verdú del delito de estafa a los inversores ya que nunca desempeñó cargo alguno en las cajas.
15MpaRato mantiene la acusación a todo el Consejo de Bankia y BFA
15MpaRato, y alguna otra acusación particular, mantiene la acusación a todo el Consejo de Bankia y BFA porque consideran "que todos avalaron las decisiones que se tomaron en los varios consejos de administración. Consideramos que hubo dolo porque se ha demostrado que perseguían intereses particulares: tuvieron la opción de perder su puesto, pero permitir el saneamiento de la entidad y no lo hicieron (Consejo del 28 de junio de 2011)".
Tras un viaje de 7 años, desde 15MpaRato afirman estar "orgullosos" de que lo que "únicamente nuestra acusación dijo desde el principio resultó ser el corazón de la causa: el artículo 282 bis, mentir en el folleto de la salida a bolsa".
15MpaRato es la acusación más veterana personada en la causa, la acusación ciudadana que impulsó la apertura del caso con el primer crowdfunding político; que consiguió en ese mismo caso las pruebas de la estafa de las Preferentes con la que todos los preferentistas recuperaron su dinero; que sacó a la luz los "Correos de Blesa" y las Tarjetas Black por las que ha conseguido que algunos de los políticos y banqueros responsables de la crisis estén ya en prisión.
