La Dirección General de Protección de Consumidores y Usuarios ha requerido a las entidades financieras que procedan a dar cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Contratos de Créditos al Consumo y dejen de seguir cobrando los créditos vinculados a los y las pacientes a las que iDental ha interrumpido los tratamientos, tras el cierre de sus establecimientos.
Las contestaciones y protocolos remitidos por las entidades se están trasladando "desde el Gobierno de Aragón a las personas afectadas con objeto de facilitar, en su caso, la finalización del tratamiento en otra clínica odontológica o la cancelación del crédito".
Así lo ha explicado la directora general de Protección de Consumidores y Usuarios, Ros Cihuelo, que, junto a un representante del Departamento de Sanidad, este jueves ha participado en una reunión de coordinación de la Audiencia con los diferentes territorios del Estado español sobre la gestión del macroproceso de iDental. La reunión ha sido convocada por el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia y en la misma han participado representantes territoriales, la Fiscalía y representantes del Ministerio de Justicia.
Cihuelo ha añadido que la Dirección General ha remitido, además, a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Aragón las nuevas reclamaciones y denuncias presentadas por las personas afectadas en el Gobierno de Aragón con el objeto de que se unan a las diligencias que se están cursando sobre este caso. “En Aragón, ya son más de 700 las denuncias interpuestas por el cierre de las clínicas iDental y que han sido trasladadas a los tribunales”, agregan fuentes ejecutivas.
Asimismo, ha recordado que “el Gobierno de Aragón sigue trabajando en dar información y asesoramiento a los pacientes afectados por el cierre de estas clínicas, y está tramitando las solicitudes de atención a los afectados vulnerables en el marco del protocolo suscrito con la Obra Social del hospital San Juan de Dios, Fundación Odontología Solidaria y el Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Aragón”.
Cihuelo ha subrayado que en la reunión de este jueves se ha anunciado la apertura de una oficina en la Audiencia para gestionar este caso y emitirá unas directrices sobre la custodia y entrega de los expedientes dentales de las personas afectadas. Tras ello, los diferentes territorios del Estado español establecerán protocolos para hacer entrega de estos expedientes a las personas usuarias.
