La mañana del martes la Guardia Civil detuvo en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta a 10 personas migrante acusándolas de ser las responsables de la violencia acaecida el pasado 26 de julio en un salto masivo de la valla de la ciudad autónoma.
El miércoles el Juzgado de Instrucción número 5 de Ceuta ordenó el ingreso en prisión de los presuntos líderes del salto en el que 602 personas migrantes consiguieron entrar en la localidad africana. Siete de los acusados quedaron en libertad con cargos mientras que el decimo quedó exculpado después de no ser identificado en cinco ruedas de reconocimiento.
La Fiscalía ha pedido prisión eludible bajo fianza de 6.000 euros para los dos presuntos líderes del salto. Los nueve han sido acusados de “atentado a agentes de la autoridad, daños y pertenencia a organización criminal”.
Según relata el diario Ceuta al día, los acusados “violentaron el doble vallado fronterizo con radiales portátiles, mazas y cizallas y superaron la vigilancia de la Guardia Civil de forma violenta arrojando cal viva y aceite de batería de coche sobre los agentes”.
Marlaska insiste en la mano dura
El mismo día, el ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, comparecía en la Comisión de Interior del Congreso y en ese marco explicaba que la polémica decisión de expulsar a 116 migrantes es un mensaje claro hacia las mafias.
El titular de la cartera del Interior tuvo que emplear un convenio firmado hace 26 años entre Marruecos y el Estado español para hacer efectiva la expulsión. Es la segunda vez que dicho convenio es empleado para expulsar a personas migrantes. La decisión de “desempolvar” el acuerdo que firmaron José Luis Corcuera y Driss Basri contempla que las personas migrantes sean expulsadas a Marruecos siendo el Estado español quien paga los gastos.
Según el Gobierno de Pedro Sánchez, el Corcuera-Basri fue activado por segunda vez tras el salto de 602 personas de la valla de Ceuta.
