El secretario general de Podemos Aragón, Nacho Escartín, y el diputado en las Cortes, Andoni Corrales, han visitado este viernes el puesto de vigilancia de incendios de Lobarre/Loarre (Plana de Uesca) para denunciar la situación de “precariedad laboral” que sufren los trabajadores y trabajadoras.
Escartín ha recordado que “gracias a Podemos se acordó contratar durante siete meses a los vigilantes antiincendios. Sin embargo, el Gobierno de Lambán está incumpliendo esta medida porque la gran mayoría de estos más de 160 trabajadores están firmando contratos de tan solo tres meses”. Cabe señalar que en Aragón existen 80 torres de vigilancia y el 61% trabaja menos de cuatro meses al año.
“El servicio podría estar desmantelado, precarizado y privatizado de no haber sido por el impulso que estamos dando de Podemos para mejorar las contrataciones y los recursos de estos trabajadores”, ha añadido el secretario general de la formación morada, que ha incidido además en que “si estos trabajadores estuvieran contratados todo el año, o al menos los siete meses pactados, se estaría fijando población en el territorio y luchando contra la despoblación”.
“Con un contrato de solo tres meses al año, no puedes quedarte a vivir en un pueblo”, remarcan los y las trabajadoras.
“Además, se está dejando en la precariedad a un gremio fundamental para el medio natural y para la seguridad de las personas, porque son los vigilantes los que avisan de los focos de los incendios”, subrayan. A pesar de su importancia, “Lambán no cumple con lo pactado y está dejando a las torres sin trabajadores en momentos en los que la alerta de incendios sigue siendo máxima”, ha aseverado Escartín.
“Los trabajadores no tienen un convenio justo, llevan años soportando recortes y son contratados intermitentemente. Desde el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad ponen en riesgo al territorio y a las personas que lo habitan en vez de trabajar para que la Comunidad cuente con un servicio efectivo de prevención y extinción de incendios forestales”, sostienen desde Podemos.
Desde la formación política no comprenden “cómo en un contexto de cambio climático como en el que nos encontramos, con la consiguiente desestacionalización de los incendios forestales, el Departamento de Desarrollo Rural decide desmantelar los servicios de extinción de incendios, incumpliendo el acuerdo adoptado en los pasados presupuestos”.
Por último, cabe recordar que entre los años 2001 y 2014, Aragón (por detrás de Galiza) fue el segundo territorio del Estado español donde los daños de los incendios forestales fueron más elevados, superando los 120 millones de euros por afecciones a granjas, campos de cultivo, carreteras o infraestructuras hidráulicas.
