Tras conocer la decisión del gobierno de Pedro Sánchez de permitir el traslado al puerto de València a las personas que se encuentran actualmente en el barco Aquarius, los encierros de personas migradas y refugiadas de Barcelona, Badalona y l'Hospitalet ha celebrado la decisión y aseguran que se trata de un medida “justa y acorde con el respeto a los derechos humanos”.
Sin embargo, recuerdan que “estaremos vigilantes para que dicha acogida sea realmente en condiciones dignas e igualitarias, algo imposible si estas personas pierden su libertad al ser conducidas a un CIE”.
“Tal acogida no tendría tampoco sentido alguno”, explican, “si no se arbitran medidas que permitan a estas personas y al resto de los inmigrantes y refugiados que ya viven en España, regularizar su situación dejando de alimentar con mano de obra barata la economía sumergida y la sobrexplotación laboral”.
Ello requiere inevitablemente que estas personas puedan libremente empadronarse allí donde escojan vivir y que se elimine el contrato de un año y cuarenta horas como requisito para alcanzar el permiso de residencia.
“Queremos derogar la Ley de extranjería que consideramos discriminatoria y racista, pero hasta conseguirlo reclamamos de este gobierno que tenga el valor de anular el actual reglamento, eliminar el requisito del contrato, permitir la reagrupación familiar, cerrar los CIEs y parar las devoluciones en caliente y las deportaciones”, añaden.
“Nosotras, las personas encerradas continuaremos luchando hasta conseguir estas reivindicaciones y los 11 puntos por los que nos encerramos hace ya 52 días”, concluyen las organizaciones antiracistas.
