Varias familias podrían ser desalojadas en los próximos meses de las viviendas que ocupan propiedad de entidades bancarias mientras esperan por una vivienda de alquiler social a la que tienen “derecho reconocido” por sendas resoluciones de la Consejería de Vivienda del Gobierno de Aragón.
Así lo aseguran desde la Plataforma antidesahucios de la localidad fragatina. “Desde DGA se apunta que pese a tener derecho reconocido a vivienda social, en Fraga no hay vivienda disponible en la actualidad y las tres de propiedad pública que existen sólo se habilitarían para situaciones de emergencia”, señalan.
“Además, tampoco se activaría el protocolo antidesahucios, ya que la ocupación de vivienda no está recogida en la ley, pese a cumplir los afectados todos los requisitos de vulnerabilidad y tener menores a su cargo”, añaden desde PAH Fraga.
Por ello, instan al Gobierno de Aragón “a buscar una solución, y a garantizar el derecho a la vivienda de los ciudadanos y ciudadanas, no sólo de palabra sinó con hechos”.
