Como señalan en una nota de prensa enviada a AraInfo, la FABZ, sindicatos y asociaciones vecinales consideran inadmisible la desafectación del Parque Deportivo Río Ebro. Impugnarán el expediente por ser contrario al interés público y acudirán a los tribunales si fuera preciso para evitar su enajenación.
NdP.- Zaragoza, 13 de junio de 2012 | Ante el inicio del Expediente de Desafectación de las instalaciones del Parque Deportivo Río Ebro, la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza, UGT, CC.OO., y asociaciones de vecinos de la Almozara y Delicias, han solicitado a la Consejera de Educación y Deportes, Dolores Serrat, una reunión urgente para que les informe sobre las intenciones de la consejería sobre el futuro de dichas instalaciones.
Para estas organizaciones, que recientemente han mostrado su rotunda oposición al cierre público de las piscinas del Parque, el inicio del expediente de desafectación no puede tener otro objetivo que el cambio de titularidad pública a privada, esto es la venta de un bien público que pasaría a ser de uso y propiedad privada.
En este sentido todas ellas consideran estos equipamientos y los terrenos que las albergan como un patrimonio público de incalculable valor, no sólo por las instalaciones en uso, sino también por la extensión y naturaleza de los terrenos, junto a las riberas del Ebro y dotados de magníficas arboledas y vegetación.
Es preciso recordar también que este gran complejo deportivo fue construido en los años setenta, todavía bajo el franquismo, por la llamada Obra Sindical financiada con las cuotas que se detraían a todos los trabajadores.
Asimismo los colectivos vecinales y sindicales denuncian la irresponsabilidad de la administración autonómica por no haber mantenido dichas instalaciones en las adecuadas condiciones, lo que ante la posible venta supondría una valoración a la baja de las mismas, con el consiguiente perjuicio económico del que alguien tendría que hacerse responsable.
Por todo ello las organizaciones citadas se proponen, como primer paso, impugnar el expediente de desafectación por considerarlo absolutamente injustificado y contrario al interés público, y acudir a los tribunales si fuera preciso para evitar su enajenación.
