La Asociación Acción Ciudadana informa que el Gobierno de Aragón “sigue demorando los pagos pendientes a los expedientes de la PAC sometidos a los controles por Teledetección en la Comarca d’a Cinca Baixa, aun habiendo finalizado los períodos de comprobación y de alegaciones”.
El pasado mes de enero, Acción Ciudadana denunciaba públicamente las “irregularidades” detectadas en la gestión de los controles, indicando que podía deberse a una “maniobra diseñada para justificar retrasos en los pagos, para disimular un presunto uso indebido de los fondos comunitarios para atender otras dificultades financieras de la Administración”.
La Asociación comunicó los hechos a las Organizaciones Agrarias, advirtiéndoles de la “precaria situación de varios afectados por los controles ante las dificultades para producir y alimentar animales en explotaciones ganaderas, de pagos de suministros de abonos y semillas a proveedores en explotaciones agrícolas, en mantener suministro eléctrico de sus propias viviendas y de acceso a recursos básicos, o de problemas en amortización de créditos e hipotecas, que pueden llegar a un punto de no retorno, desconociendo hasta la fecha las gestiones realizadas por los sindicatos agrarios”.
Recuerdan asimismo que desde la Administración, “de manera informal, se hizo saber a la Asociación que no se habrían utilizado los fondos retenidos para otras cuestiones”. “Afirmación que se recibió con interés y mucha cautela, porque de ese modo les permitiría haber abonado los pagos retenidos al día siguiente de finalizar los expedientes afectados, algunos con fecha de principios de marzo. Sin embargo, a fecha de hoy siguen sin abonarse los pagos pendientes”, subrayan.
Acción Ciudadana lamenta que, “en la Administración, conocedores de la situación de los productores afectados, los responsables de los órganos administrativos encargados de gestionar y agilizar le resolución y pago de los expedientes afectados, se hayan ido todos de vacaciones de Semana Santa, mientras los productores siguen sin recibir los pagos retenidos y soportando las consecuencias de las irregularidades en la gestión de los controles”.
En este sentido, resaltan finalmente que "con una Administración y Organizaciones Agrarias que no se preocupan de las dificultades que tienen los productores, en este caso generadas por las irregularidades denunciadas, las mismas se deslegitiman y hacen estéril cualquier debate dirigido a medidas de Desarrollo Rural y frente a la Despoblación del Medio Rural".
