La Asociación Libre de Abogadas y Abogados de Zaragoza (ALAZ) dirigió una denuncia al Juzgado de Instrucción de la capital aragonesa el pasado lunes 19 de marzo, en la que se hacía eco de la situación de las personas presas en régimen de aislamiento en la prisión de Zuera – Zaragoza.
Tal y como comunicó la Asociación, la denuncia fue motivada al conocerse el último informe anual del Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura (MNPT).
Dicho organismo, dependiente del Defensor del Pueblo del Estado español, constata que las personas presas en régimen de aislamiento se hallan en una "total y absoluta incomunicación": “Entre las medidas especiales de seguridad contempladas se encuentran las siguientes: salida al patio solo, ubicación en una galería del módulo de aislamiento en la que no se encuentre ningún otro interno, contacto mínimo con funcionarios y otro personal, cambio de celda de forma periódica, etc. No se establece ningún posible recurso ni plazo temporal máximo para la aplicación de estas medidas. El resultado, por tanto, es el total aislamiento del interno”.
El informe añade que durante la visita que el MNPT realizó al centro penitenciario de Zuera “se pudo comprobar que (...) se aplica un régimen aún más restrictivo que el previsto para los departamentos especiales de régimen cerrado en la Ley Orgánica General Penitenciaria y el Reglamento Penitenciario”.
Es por todo ello que ALAZ considera que la práctica de aislamiento llevada a cabo en el centro zaragozano “constituye -conforme a los criterios del Comité Contra la Tortura de la ONU- 'un trato o pena cruel, inhumano o degradante, e incluso la tortura en algunos casos', en tanto que supone 'una aplicación excesiva del régimen de aislamiento'”.
“En aplicación de la normativa penal española, someter a personas presas a las medidas descritas podría ser constitutivo de presuntos delitos de torturas u otros delitos contra la integridad moral”, añade ALAZ.
Por ello la Asociación concluye que “tras habernos dirigido en un primer momento al Sr. Fiscal Jefe Provincial de Zaragoza dado que cuenta entre sus atribuciones con el mandato de ‘promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley’ y haber recibido contestación en el sentido de que ‘no se deduce indicio alguno de infracción delictiva’ en los hechos descritos, nos vemos en la obligación a interponer denuncia conforme al artículo 259 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ante los apabullantes indicios de responsabilidad penal que derivan de los tratos aludidos”.
El estado general de las cárceles en el Estado español
La noticia llega en medio de un contexto en el que la dureza de la prisión ha sido tema central en la actualidad parlamentaria del Estado español. Ciudadanos y el Partido Popular compiten por ser la formación que con más fuerza defiende una política penitenciaria de mano dura. Sus medidas pasan por aumentar las penas de prisión en número de años.
Sin embargo, tal y como recuerda ALAZ, el sistema penitenciario estatal ya es de por sí "extremadamente castigador". Tras el informe elaborado por el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa sobre las cárceles españolas, ALAZ determinó que existe una “extendida vulneración en las cárceles españolas del derecho fundamental a no sufrir tratos o penas inhumanas y degradantes, así como la constatación de un problema sistémico que asegura la impunidad para los perpetradores de tales tratos prohibidos”.
El mismo Comité asegura en su escrito que “existe un patrón de malos tratos infligidos por funcionarios de prisiones como una reacción desproporcionada y punitiva al comportamiento recalcitrante de los reclusos”.
