El Tribunal Constitucional español notificó a la defensa de una pareja de personas jubiladas pendientes de desahucio en Fraga, el archivo del recurso interpuesto y la desestimación del mismo. En el recurso se solicitaban medidas cautelares como la “paralización inmediata” del desalojo de las personas afectadas, al encontrarse estos en clara “situación de indefensión procesal”.
PAH Fraga, que recurrirá la medida adoptada por el Tribunal Constitucional español a Instancias judiciales europeas, califica la decisión del Alto Tribunal de “totalmente parcial y arbitraria, carece de fundamento jurídico alguno, y demuestra una vez más la colaboración de la judicatura con la Banca para desahuciar impunemente de sus casas a las familias”.
El propio Tribunal explica que el recurso interpuesto no plantea “ninguna situación de inconstitucionalidad”, argumento totalmente “insólito y carente de fundamento”, a juicio de la PAH, “ya que el derecho a la vivienda está recogido y reconocido en el articulado de la Constitución y el hecho de desalojar a personas sin recursos de sus viviendas vulnera claramente ese derecho”.
Por otra parte, el Juzgado de Fraga ha reabierto el procedimiento para "embargar" un plan de pensiones a las personas afectadas. “Está claro que no solamente pretenden desahuciar a las familias, sino también dejarles en una situación de exclusión social”, concluyen desde el colectivo.
