CHA defenderá en el próximo pleno de Diputación de Zaragoza una propuesta para que el Gobierno español ponga punto final al largo conflicto de las y los examinadores de Tráfico. Desde el pasado mes de junio, el colectivo está llevando a cabo jornadas de paro todos los lunes, martes y miércoles, que han ocasionado el aplazamiento de más de 200.000 pruebas en todo el Estado español, de las que casi 10.000 han tenido lugar en Zaragoza; cada semana se aplazan más de 450 exámenes.
“Las principales damnificadas son las autoescuelas, que en su mayoría son pequeñas y medianas empresas, y que están sufriendo pérdidas económicas por las que se están viendo obligadas a despedir a parte de su personal administrativo y docente, además de producirse ya el cierre de una autoescuela en Zaragoza”, afirma el diputado de CHA, Bizén Fuster.
Las reivindicaciones de los y las examinadoras comprenden una mejora salarial a través de un complemento específico de 240 euros, que compense los riesgos de amenazas y agresiones de su labor, así como rebajar el número de exámenes diarios de 13 a 12, para de esa forma dedicar a cada aspirante el tiempo necesario para valorar su aptitud y destreza al volante.
El alumnado también está resultando perjudicado de forma directamente. Sobre todo, en esos casos en los que la obtención del carné de conducir tiene relación con cuestiones laborales o en esos otros en los que va a caducar en breve la aprobación del examen teórico, establecida en dos años. “Con tanto aplazamiento, poder examinarse ahora se ha convertido en un privilegio, con la presión añadida de que si no se aprueba pueden pasar semanas o meses hasta que vuelva a tenerse otra oportunidad, y las estadísticas indican que menos de un tercio de los alumnos aprueban el permiso de conducir en el primer intento”, afirma Bizén Fuster.
El Ministro de Interior, de quien depende la Dirección General de Tráfico, ha decretado servicios mínimos del 50% durante el mes de diciembre en todas las jefaturas de tráfico del Estado español, pero esto no resuelve el problema ni del profesorado ni de las personas damnificadas.
“La falta de voluntad política del Gobierno central, que ha tenido una actitud contemplativa ante este problema, ha alargado en exceso un conflicto que está ocasionando un importante impacto económico, y que se hubiese evitado si la Dirección General de Tráfico hubiese atendido las demandas de estos profesionales, algo a lo que se comprometió en el año 2015 y nunca cumplió, siendo que sólo necesita 2’5 millones de euros para cumplir su compromiso”, concluye Fuster.
